El pasado julio se sucedieron varias manifestaciones en Cuba. Los ciudadanos salieron a la calle para protestar por el colapso del sistema sanitario debido al covid, la escasez y racionamiento de alimentos y medicinas y las restricciones a la libertad de expresión. Un mes después de estos acontecimientos, que se iniciaron en las redes sociales, el Gobierno ha decidido publicar un nuevo decreto que muchos han tildado de 'ley mordaza'.

Lo cierto es que en muchos países, entre ellos España, se sancionan algunos mensajes en redes sociales, principalmente vinculados a discursos del odio o enaltecimiento del terrorismo. Pero, en el caso de Cuba, el decreto parece tener un enfoque ideológico, sancionando las críticas hacia miembros del Gobierno o mensajes contrarios a la revolución. Los medios oficiales han expresado que el objetivo de este decreto es conseguir "una internet ética y buena para la población".

Los 'ataques a la ciberseguridad' se clasifican en niveles

La nueva normativa establece diecisiete "incidentes de ciberseguridad". Estos se encuentran ordenados en varios niveles de peligrosidad que van de "medio" a "muy alto". Llama la atención que los delitos con mayor peligrosidad son los relacionados con la disidencia política.

Por ejemplo, la pornografía infantil, algo que se persigue en casi todos los países del mundo, no está mencionada en esta ley. Solo hay referencias a la difusión o distribución de material pornográfico, el cual está clasificado en el nivel medio de peligrosidad.

Por otro lado, considera de una peligrosidad muy alta la "subversión social". Está definida como "pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social". También es altamente peligroso, entre otros incidentes similares, el ciberterrorismo: actos que buscan "subvertir el orden constitucional".

Wilfredo González, viceministro de Comunicaciones, dijo a la agencia AFP que la norma buscaba que "nadie sea capaz de distorsionar la verdad, para que nadie pueda denigrar a un oficial de nuestro país o de nuestro proceso revolucionario". Muchos interpretan de estas palabras que el Gobierno perseguirá a todo aquél que se pronuncie en contra del discurso oficial.

Además, la ley no prevé la creación de ningún método de control o entidad reguladora independiente y las definiciones en ella son muy difusas. Esto significa que el único encargado de determinar si un mensaje es o no contrario a la nueva e interpretable legislación será el Gobierno cubano.

Los cubanos intentan escapar de la censura

Aunque este decreto es nuevo, en la isla de Cuba llevan mucho tiempo sufriendo la censura de internet. Solo existe un proveedor de internet en todo el país. Se trata de una compañía estatal llamada Etecsa. A través de esta, se impide que los cubanos accedan a determinados dominios web.

Pero existe un método para evitar estos impedimentos: las VPN. Con estas redes privadas, a parte de proteger los datos del usuario, los usuarios pueden decidir a qué servidores se conectan. Gracias a esta tecnología, basta con seleccionar un país en el que no haya restricciones para acceder a internet libremente. El Gobierno cubano intenta restringir el uso de estos servicios cortando intermitentemente el acceso a internet, cosa que se hizo durante las protestas y que, gracias a este decreto, podrá hacer cuando lo considere oportuno.