El Gobierno de Theresa May ha divulgado 25 documentos técnicos con instrucciones para empresarios y ciudadanos, entre ellos en materia bancaria, farmacéutica, investigación nuclear, derechos laborales y los pagos para el sector agrícola británico.

El Reino Unido y el bloque europeo negocian los términos de la retirada británica, que se materializará a fines de marzo de 2019, pero hay gran incertidumbre sobre si ambas partes podrán ponerse de acuerdo para octubre -la meta que se han fijado-, especialmente por los problemas que plantea la frontera entre las dos Irlandas.

En los documentos se incluyen instrucciones para las empresas sobre la documentación adicional que tendrán que afrontar así como planes de contingencia en caso de una escasez de medicinas.

Pagos más caros con tarjetas de crédito o una mayor burocracia económica son algunos de los inconvenientes que tendrán que afrontar los británicos en caso de un brexit sin acuerdo. El Gobierno advierte de que los pagos con tarjeta para la compra de productos de la UE pueden ser más costosos, mientras que los británicos que viven en Europa tendrán problemas para acceder a sus cuentas bancarias.

Entre las advertencias, Londres señala que los británicos que viven en la UE, cerca de un millón, podrían perder el acceso a sus cuentas bancarias del Reino Unido, lo que dificultaría el cobro de sus pensiones y salarios.

"Si las firmas británicas pierden sus derechos de pasaporte en el EEE, eso afectará a la capacidad de sus clientes para continuar accediendo a sus servicios", agrega el texto.

Se estima que son 300.000 los británicos que residen en España, frente a unos 116.000 españoles que viven en Reino Unido.

Y se calcula que el 48% de los británicos afincados en España están jubilados, muchos de ellos en ciudades costeras.

"Los ciudadanos británicos que residen en el Espacio Económico Europeo (EEE) podrían perder su capacidad de acceder a los servicios existentes de préstamos y depósitos, así como a contratos de seguros -como contratos de seguros de vida y rentas vitalicias-", detalla el documento dedicado a los servicios financieros.

Además, los documentos recuerdan a las empresas que la libre circulación de productos entre el Reino Unido y la UE quedará sin efecto, por lo que se verán obligadas a rellenar declaraciones de aduana para las mercancías que entren en suelo británico.

Al mismo tiempo, el Gobierno conservador avisa que se espera que el bloque europeo empiece a imponer tarifas a los productos británicos y recomienda la renegociación de acuerdos comerciales que reflejen esos costes adicionales.

En cuanto a la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, el Gobierno recomienda a las empresas que operan en esa isla que consulten con Dublín. Londres y Bruselas continúan las negociaciones pero siguen sin ponerse de acuerdo sobre la futura relación comercial y la frontera irlandesa, pues el objetivo es que siga siendo invisible para no perjudicar el proceso de paz norirlandés.

El ministro británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Dominic Raab, ha informado de que los suministradores farmacéuticos disponen de reservas de 200 fármacos para tres meses y ha recalcado que hay acuerdos con esas compañías para evitar problemas que puedan surgir en la entrada de medicinas, como por ejemplo eventuales huelgas de camioneros en Francia.

Londres propuso el mes pasado a la UE la creación de un área de libre comercio para bienes tras el "brexit", lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera con Irlanda. 

El ministro restó importancia al temor planteado hace unos meses de que el Ejército sería desplegado para mantener el suministro de alimentos en caso de una falta de acuerdo."No hay planes para desplegar al Ejército para mantener el suministro de comida", recalcó