“Éstas no van a ser unas elecciones, va a ser una votación en donde Ortega y Rosario Murillo van a hacer un fraude evidente, en donde no hay candidatos que representen el deseo de la ciudadanía de salir de la dictadura en la que estamos”, asegura a COPE María Laura Alvarado, miembro del consejo político de la coalición opositora nicaragüense Unidad Nacional Azul y Blanco. Dice que “a las elecciones se presentan partidos políticos que están siendo avalados por Daniel Ortega, y que pretenden legitimar el fraude. El pueblo de Nicaragua no va a tener la capacidad de poder salir a votar y escoger a sus autoridades, que les representen en el ejecutivo y el poder legislativo”. Los nicaragüenses tienen una cita en las urnas el domingo 7 de noviembre para decidir quién será el presidente durante los próximos cinco años y elegir a los diputados de la Asamblea Nacional. Siete candidatos opositores a la presidencia llevan meses en prisión y la reelección de Daniel Ortega como presidente se da por hecha.

La oposición ha denunciado que no hay condiciones para que se celebren unas elecciones libres y democráticas, y ha realizado “un llamamiento a quedarse en casa para exigir la liberación de los presos políticos y un proceso electoral que cuente con las condiciones necesarias”, señala Alvarado. Afirma que esperan “que el llamamiento a que la gente no vaya a votar sea efectivo para que la ciudadanía exija condiciones para este proceso electoral. Para salir de esta situación tiene que darse un proceso legítimo de elecciones, una competencia legítima. Se necesita una nueva estructuración para que el país vuelva a enrumbarse en el proceso democrático, y un proceso que cuente con las garantías que permitan que la oposición participe, y que se pueda respetar el voto ciudadano”.

El gobierno de Daniel Ortega ha respondido a este llamamiento a la abstención dando pasos para movilizar a sus bases. María Laura Alvarado cuenta que -además- “se están asegurando el voto de los trabajadores del Estado a través de medidas coercitivas. Les dicen a los empleados públicos que si no salen a votar muy probablemente perderán sus trabajos. Intentan garantizar que Ortega obtenga el voto de los empleados públicos”. Esta dirigente de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco habla desde Costa Rica, país vecino de Nicaragua en el que se están exiliando cada vez más nicaragüenses por el “aumento de la represión y el asedio hacia los liderazgos políticos. Hay un antes y un después en la situación en Nicaragua, y éste es el mes de mayo. Comenzaron los apresamientos y secuestros de líderes políticos como Arturo Cruz, Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, que fueron algunos de los primeros”. Al mismo tiempo “es imposible convocar protestas en Nicaragua por las leyes represivas que Ortega ha ido aprobando. Ha llegado a decir que las protestas cívicas son ilegales, y que todo ciudadano que ande por la calle con su bandera como símbolo de protesta significa una acción de hostigamiento y de encarcelamiento de la persona que lleve a cabo esta acción, perseguido por paramilitares y policía. Por eso se está optando por realizar actividades desde el exilio”. La oposición pide a la comunidad internacional que no reconozca los resultados de las elecciones del domingo. “El paso que hay que dar es el desconocimiento del proceso, y exigir la ilegalidad, y que el resultado de estas elecciones no sea reconocido ni por la ciudadanía ni por la comunidad internacional”, indica Alvarado.