El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para dar luz verde al borrador de los Presupuestos de 2022 irá este mismo jueves en un Consejo de Ministros extraordinario. La fumata blanca permitirá a Pedro Sánchez llegar al 40º Congreso Federal de su partido de los días 15, 16 y 17 de Valencia con el anteproyecto bajo el brazo. Yolanda Díaz y Ione Belarra han estirado lo justo los tiempos para rascar concesiones, principalmente con la controvertida regulación del alquiler como bandera política que acompañen las cuentas públicas.

Ya con los PGE del año pasado, el órdago morado dejó escrito en el aire el compromiso de los socialistas de aprobar una ley de Vivienda en el plazo de 4 meses. Han pasado 12 y los morados han corrido a vender el arreglo con los socialistas como una victoria propia. Las dos partes del Gobierno han cedido posiciones, hasta el punto de involucrarse personalmente este martes. Retraso incluido del inicio de la cita semanal del Gobierno, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Era el punto y final a una negociación que arrancó en septiembre con la implicación de Félix Bolaños (Presidencia), María Jesús Montero (Hacienda), Raquel Sánchez, (Transporte, Movilidad y Agenda Urbana), además de Ione Belarra (Derechos Sociales y Agenda 2030).

El acelerón de los contactos para zanjar el escollo de la regulación del alquiler, en cualquier caso, llegó hace dos semanas. El acercamiento de posturas y el intercambio de propuestas entre equipos fue la tónica hasta perfilar entrada la noche del lunes, a las 23:00 horas, un último documento entre Bolaños y Belarra, emplazándose a encontrarse a primera hora de este martes, a las 8:00 horas, para cerrar detalles técnicos. También con la presencia de las titulares de Hacienda y de Agenda Urbana. A posteriori, remataron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

La letra pequeña todavía por plasmar en un anteproyecto pone en su punto de mira a los grandes tenedores que, según el acuerdo, son quienes poseen más de 10 inmuebles. Las novedades pasan por un control de los precios de alquiler, que quedarán regulados por ley, y a la baja en las “zonas tensionadas” en base a un índice de referencia de la Administración. Ese índice se arrastró hasta el final de las negociaciones y podría tardar en elaborarse 18 meses. Afectará a todos los contratos, nuevos o ya existentes. Los incentivos fiscales quedan para los pequeños propietarios que deberán congelar los arrendamientos, descontando la subida anual del IPC, estableciéndose, según bajen el precio, una reducción general del 50% del IRPF que puede alcanzar hasta el 90%.

El intervencionismo del mercado penaliza la vivienda vacía durante más de dos años y con un mínimo de 4 inmuebles por casero y lo hace con un recargo del hasta 150% del IBI, además de perder las deducciones vigentes hasta el momento. Las medidas se articularán a través de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Ellos, en definitiva, tienen las competencias en la vivienda. La norma apuesta también por el parque público y obligaría a las promociones a destinar el 30% a viviendas protegidas. Y de esas, la mitad quedará para alquiler social. La futura ley aún debe hallar hueco para su aprobación en Consejo de Ministros y posterior trámite.

Intramuros de La Moncloa han extraído lecciones de la negociación con su socio de los PGE y, en paralelo, de la Ley de Vivienda. Yolanda Díaz ha buscado el máximo protagonismo con su presión sobre el PSOE y, asumen en el equipo del Presidente, “irá a más” para moldear su plataforma de izquierdas. Conscientes de las resistencias en Podemos a su proyecto, los estrategas de Sánchez descuentan que el interés de Díaz pasa por usar la vicepresidencia segunda para seguir gozando de su aureola de aquí a las generales de 2023. Sin mediar, por tanto, ruptura alguna de la coalición. “Es inofensiva para el Presidente”, sostiene en privado su entorno, habida cuenta de que las encuestas dan ahora mismo a Unidas Podemos en torno al 10% del voto.