Con España entera en vilo, el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado se enzarzó en una insólita disputa durante 7 horas de deliberaciones a propósito de los pormenores de la declaración del estado de alarma. El rifirrafe surgió cuando Pablo Iglesias, en cuarentena ante el positivo por coronavirus de su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, censuró el paquete económico ya aprobado e hizo suyo el malestar de agentes sociales con las raquíticas ayudas laborales para paliar la crisis sanitaria. La pretensión era ampliar el apoyo a colectivos desfavorecidos en el Real Decreto, como ayudas para el pago de alquileres o hipotecas.

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, saltándose la cuarentena, se presentó por sorpresa en La Moncloa ante una cita gubernamental “presencial” programada a las 10h30, presto a hacer valerse. Las discrepancias, ya no sólo con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defensora de la prudencia ante la recesión económica que se avecina, sino con el propio Pedro Sánchez por colarse en el puesto de mando del estado de alarma retrasaron la comparecencia del Presidente, prevista “a partir” de las 14h00, luego a las 15h00, más tarde quedó “sin hora definida”. Finalmente, Sánchez se dirigió a los españoles a las 21h00.

La fuerte pugna quedó resuelta “en tablas”, a decir de fuentes solventes a la Cadena COPE. Y, de hecho, el Consejo de Ministros del próximo martes llevará un paquete de medidas para paliar efectos económicos de la puesta en marcha de la norma extraordinaria. De cualquier modo, este episodio, en medio de una necesaria limitación de los derechos ciudadanos ante una emergencia sanitaria, se produjo por existir dos Gobiernos en uno. Una espinosa brecha que se le pudre a Pedro Sánchez, que en su comparecencia se cuidó de hablar de “muchas horas de debate” “enriquecedor”, “sosegado” e “intenso”.

El estado de alarma decretado en toda España durante 15 días limita los desplazamientos para compras de alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, acudir al médico, a la residencia habitual o a trabajar, así como para el cuidado de mayores o personas vulnerables o ir al banco. La prohibición expresa de cualquier salida por motivos de ocio queda reflejada negro sobre blanco. El Gobierno asegura los servicios de transporte, tanto públicos como privados, para mantener la movilidad en las circunstancias permitidas. Eso sí, obliga a las empresas, ya sean públicas o privadas, a reducir al menos al 50% la oferta total.

El Real Decreto establece que “la autoridad competente” es el Gobierno de la nación. Es decir, todas las demás autoridades del Estado quedan supeditadas al Ejecutivo central. Así, todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluidos Mossos d'Escuadra o Ertzaintza y policías locales, quedan bajo el mando único del titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para hacer cumplir las obligaciones dictadas por el Real Decreto que incluye, además de la limitación de movimientos, acciones en el ámbito sanitario, centralizando el sistema nacional de salud, judicial o económico. Además, el Gabinete se garantiza el recurso a las Fuerzas Armadas.

La bronca en el seno de la coalición forzó posponer la videoconferencia de Pedro Sánchez con los mandatarios de las Comunidades Autónomas a este domingo a las 10h30. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, empujando al lehendakari, Iñigo Urkullu, a mostrar su malestar ante lo que él consideró una aplicación del artículo "155" encubierto.