“Nos dará oxígeno”. Hay pocas dudas en el Gobierno. La nueva manifestación en la Plaza de Colón convocada el 13 de junio contra la pretensión de Pedro Sánchez de conceder los indultos a los líderes del procés ha sido recibida como un asidero para sus intereses. Porque, interpretan en La Moncloa, ayudará a salir del cerco, cohesionar al PSOE, y, calculan, a proyectar el guión oficial. A saber, “concordia” versus “venganza”. “Las dos Españas”, lo llaman.

En esa ficticia dicotomía basa ya el Ejecutivo su empeño en abrir una nueva etapa de diálogo con el independentismo y, sobre todo, otorgar la medida de gracia. Arrastrado el PP a la calle, la herramienta favorita de Vox, y el añadido de Ciudadanos, retrotrae al entorno presidencial a febrero de 2019. “El facherio patrio unido”, lo definen cercanos a Sánchez. De alguna forma, entienden que la concertación de Pablo Casado y Santiago Abascal beneficia al Ejecutivo, porque no sólo compiten por pasarse de frenada, sino que termina por ser ineficaz.

La significación del PP con Vox sirve al Gobierno un escenario polarizado y consolida “nuestro anclaje” en Cataluña, “siempre abandonada por los populares”. Eso estiman en La Moncloa. La partida, a sus ojos, se juega sobre la base de vestir de diálogo sus continuas cesiones a los secesionistas para arrinconar al centro-derecha. Dos bloques: Los dialogantes frente a los revanchistas. En suma, Colón 2 aparenta una buena nueva, aunque la convocatoria puede atragantársele al Presidente de dispararse la capacidad de movilización de la sociedad española.

Los mecanismos de autodefensa están amenazados sin embargo por la incierta evolución de los acontecimientos. El Gabinete había descontado un duro pronunciamiento del Tribunal Supremo en contra de la medida de gracia. Sin embargo, la digestión del informe remitido al Ministerio de Justicia por los magistrados que sentenciaron el 1-O ha ido haciéndose más cuesta arriba con el paso de los días. En La Moncloa no ocultan su profunda irritación con el Alto Tribunal tras denunciar que el perdón beneficiaría a quienes “garantizan la estabilidad del Gobierno”.

“El objetivo del Supremo, sostienen sin medias tintas estrechos colaboradores de Sánchez, ha sido deslegitimar al poder ejecutivo”. La concesión de los indultos parciales “no ponen en solfa una sentencia”, proclamaba ya ante micrófonos Carmen Calvo quien respondió al Alto Tribunal que la decisión “no es un debate jurídico”, sino una cuestión política “que decide” el Gobierno. Las señales emitidas desde el Ejecutivo anticipan un recrudecimiento de las hostilidades con el Supremo ante la posibilidad de recursos a la decisión aún por llegar. Una idea compartida en el complejo presidencial es la de amarrar al detalle la argumentación de los perdones, sin dejar de lucir en todo momento la estrategia desplegada del interés general.

En paralelo, el Gobierno rearma su argumentario de resistencia para intentar sobreponerse a semanas de embestidas y sobresaltos. Con “un mes por delante que promete hacerse muy largo”, hasta la resolución del Consejo de Ministros. El ambiente será entonces igual o más caldeado aún. El reloj avanza imparable entre contactos en la sombra con ERC que va dejando claro que “la Legislatura avanzará con la salida del conflicto catalán”. Tal cual. Los indultos parciales, que a priori van a mantener la inhabilitación para cargo público, seguirán dejando la pelota en el tejado de un Ejecutivo marcado por una vuelta a la Mesa de Diálogo que definirá hacia dónde deben proseguir las negociaciones.

Las apelaciones emitidas desde La Moncloa a la lealtad debida para el cierre de filas cuando se ha abierto paso la firme determinación del Presidente han surgido aparentemente efecto. “La mayoría del PSOE está alineado con el Gobierno”, sostienen sin dejar de apretar los dientes en la calle Ferraz.