La solemne apertura del nuevo curso judicial este 6 de septiembre llega sumando más de 1000 días de bloqueo en la renovación del CGPJ y, a todas luces, acumulará muchos más. La ruptura de puentes entre el Gobierno y el PP es total, en medio de una campaña gubernamental desencadenada como una granizada sobre el principal partido de la Oposición con acusaciones de tener secuestrada la Constitución.

El PSOE, que este lunes celebra su primera Ejecutiva Federal tras el verano en la que designa a Héctor Gómez y a Eva Granados como portavoces en el Congreso y el Senado dentro del proceso de renovación del partido que emprende Pedro Sánchez, promete seguir centrado en su ofensiva con un único propósito real. Se trata con toda crudeza de presentar ante la opinión pública los órganos constitucionales, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, al servicio de los populares en virtud de sus actuales mayorías conservadoras.

Dado por “imposible” en La Moncloa, pero también en la calle Génova, el entendimiento, La estrategia socialista hace de la necesidad virtud para, por un lado, erosionar a Pablo Casado y, por otro, venderse como víctimas frente a los vapuleos institucionales, los que ya ha recibido el Gabinete de Sánchez, y, desde luego, aquellos que se descuentan por llegar, pendientes como están de un nuevo pronunciamiento del Constitucional sobre el segundo estado de alarma de 6 meses sin controles parlamentarios, cobrando así fuerza los argumentos que ya declararon fuera de la ley el primer decreto del Ejecutivo, o del Supremo por los recursos ante la concesión de los indultos a Oriol Junqueras y los otros 11 condenados por el “procés”.

Las futuras resoluciones pueden convertirse en un torpedo en la línea de flotación de Sánchez.Aunque el equipo presidencial traslada machaconamente que sus pasos estaban muy bien amarrados, la inquietud se extiende en La Moncloa. Con estos mimbres, el parapeto hallado por los guionistas de Sánchez para evitar que sus acciones le ahoguen pasa por identificar de forma reiterada las instituciones bajo el control del PP. Para implantar esa idea, el Gobierno se ha encargado de cegar cualquier posibilidad de recuperar la interlocución. Sánchez ya rechazó a finales del mes de julio llamar personalmente a Casado para retomar el contacto.

Aquella determinación de Pedro Sánchez se ha visto complementada días atrás con la negativa verbalizada por el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, a apoyar una reforma del sistema de elección que permita a los jueces designar directamente a 12 de los 20 vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial, tal y como reclama el Partido Popular. El portazo a la demanda de la Oposición ha chocado con la predisposición del propio Bolaños en su fallida negociación de febrero con Teodoro García Egea a un compromiso de despolitización de la justicia, al menos a futuro, a 5 años vista.

El bandazo del ministro quedó de manifiesto: “Ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos a los políticos, a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado”. En esta polémica argumentación se ha quedado anclado el Gobierno, mientras las instituciones siguen sin renovarse. Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ, anticipó tanto a La Moncloa como al PP su intención de explicitar en su discurso de apertura del año judicial lo insostenible de la situación de interinidad.