Cuando el ambiente se caldea a pie de calle, los Gobiernos se ponen en alerta. Las protestas siempre asustan. También le ocurre al Ejecutivo de coalición PSOE-UP, aunque relativice por ahora el alcance del malestar social. Según el análisis de colaboradores de Pedro Sánchez, las movilizaciones son “sectoriales” y fruto de “una coyuntura” - crisis energética sumada a la de suministros – desdeñando así “la posibilidad de unas movilizaciones generalizadas por una desafección ciudadana contra el Gobierno”.

En La Moncloa se aferran a esa versión de la realidad, en el sentido de que “los españoles son conscientes de cómo nos ha dejado la pandemia” y “la recuperación ya está aquí”. Eso sí, asumen que el tiempo en sus manos es limitado para que llegue al español de a pie, pero sacan pecho de los efectos de las medidas desplegadas, además del dinamismo del mercado laboral, y auguran ofrecer mejores síntomas en los primeros meses de 2022. Entretanto, el Gabinete monitoriza a quienes protestan y los ministros se despliegan en busca de seducirlos. Debería ocurrir con los transportistas para evitar su huelga en vísperas de Navidad.

Ya ha pasado con el sector cárnico sin necesidad de intervenir. Patronal y sindicatos han sofocado con un acuerdo los paros previstos. El problema para el Gobierno es que, además de los transportistas, tendrá que arremangarse con las reivindicaciones de sectores como el agrícola, lácteo, pesquero, del automóvil. … También la policía y la guardia civil por los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana. En su caso, los agentes están lejos de ser escuchados y, a pesar del agobio de Fernando Grande-Marlaska, el Ejecutivo tira adelante con el mantra de cumplir “un compromiso electoral”.

Al tiempo, el PSOE sitúa el foco en acusar al PP de jalear movilizaciones, su “cuanto peor, mejor”, el intento que atribuye a Pablo Casado de “trasladar a la calle toda la crispación que genera”. El panorama es, en realidad, complicado y el Ejecutivo mantiene que la situación está bajo control y su arma es el diálogo. “Se trata de proseguir la senda – aducen en los círculos de poder - que hasta ahora ha permitido la paz social”. Barones socialistas, en cambio, están lejos de verlo tan claro. “Una chispa puede incendiar las calles y tornar en estallido social”, alertan desde gobiernos autonómicos. Pulsan el sentir de sus poblaciones y optan al menos por ponerse en guardia, aunque los hay encendiendo sus alarmas internas.

El temor, lógicamente, se hace más presente cuanto mayor es la cercanía al ciudadano de a pie. La cólera de los trabajadores del metal en Cádiz está siendo una suerte del termómetro para el resto de territorios. Todo ello se cuece al margen de lo que preconiza Pedro Sánchez decidido como está a transmitir confianza y optimismo, aferrado a su “España va mejor”, sin rastro de autocrítica. El panorama se ha invertido en cuestión de semanas y la recuperación pierde fuelle. Paradójicamente, la añorada vuelta a la normalidad podría dejar al Ejecutivo sin aire.