“Vox nos cayó del cielo”. La confesión de un alto cargo del PSOE resume lo cerca que estuvo el Gobierno, de no ser por la abstención de la formación de Santiago Abascal, de estrellarse la semana pasada en el Congreso de los Diputados con el llamado Real Decreto-ley 36/2020 por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En otras palabras, la norma de gestión de los fondos europeos que entregaba al Palacio de La Moncloa la exclusiva decisión última sobre el destino de 140.000 millones de euros.

La sesión de la semana pasada propinó un serio sobresalto al Ejecutivo que ya se ha rendido a la necesidad de cerrar acuerdos en la tramitación como proyecto de ley para que el decreto recoja, en su aprobación definitiva, un amplio respaldo, y para ello a priori deberá renunciar al control de La Moncloa y abrir la mano a mecanismos de transparencia, además de una amplia participación de las Comunidades Autónomas. En definitiva, tendrá que pasar por el aro de las demandas de la casi totalidad del arco parlamentario, incluidos sus partidos-escolta. Estrechos colaboradores de Pedro Sánchez van haciéndose a la idea, a pesar del despliegue de la doctrina oficial: “El PP dimitió de su responsabilidad. Si hubiera salido derrotada la propuesta, los fondos no habrían llegado a sus territorios”.

En ningún caso se avista siquiera medio punto de contrición en su tentativa de someter a las Cortes a un auténtico trágala. También a los socios de Gobierno. Se le volvió en contra a La Moncloa que sólo ante las dificultades para convalidar el real decreto con el rechazo adelantado por ERC, en tiempo de descuento, se movilizó a la carrera y contrarreloj. Y lo hizo, dicho sea de paso, en medio de un profundo malestar de grupos como el PNV. Por el fondo y por la forma. Las maniobras fueron percibidas como un bandazo de desesperación. Con el agua al cuello, conjugar el verbo negociar con el PP siguió sin ser una opción. Según fuentes parlamentarias consultadas por la Cadena COPE, Carmen Calvo únicamente sondeó el sentido del voto del principal partido de la Oposición. Nunca hubo diálogo con Génova o el Grupo Popular.

Y es que Pedro Sánchez todavía cree tener el control de las Cortes o, al menos, un sobrado margen de maniobra. Por un lado, al contar con la trabajada mayoría de la investidura, para sacar adelante sus iniciativas, con la posibilidad de incluir a CS, habitualmente disponible. Por otro, ante la alternativa de echar mano de manera puntual de los populares en cuestiones consideradas de Estado. “Por lealtad”, “alturas de miras”, “patriotismo”, repiten indistintamente como conveniente arma de presión cercanos al presidente del Gobierno recostados sobre la idea de que los ciudadanos castigarán al PP de eludir arrimar el hombro. “La Oposición siempre tiene su sitio”, remachan con cierto retintín. Con el despliegue de esa estrategia, se plantean jugar la Legislatura. ¿Acaso una quimera?

En esta ocasión, Pablo Casado y los suyos midieron las repercusiones de una derogación del decreto y concluyeron que tratar de forzar al Consejo de Ministros a aprobar uno nuevo sin más solución de continuidad era la salida para sentar al Gobierno en una negociación sobre la ejecución de los fondos. Así las cosas, Pedro Sánchez ya ha constatado la fragilidad de los cimientos de su mandato alumbrado con fórceps. Sin embargo, pretende seguir jugando todas las cartas. Esta vez, el decreto salió adelante por una carambola, está por ver qué ocurre con las siguientes metas volantes, otros proyectos que pueden convertirse en el termómetro de una estabilidad con pies de barro.