Con la sobredosis de planificación que acompaña a todas sus comparecencias, Pedro Sánchez se guardó cartas en la manga. Su intención pasa por no extender el estado de alarma que decae el 9 de mayo. “El objetivo es que, una vez vencido el plazo del 9 de mayo, no sea necesario prorrogar más” el marco legal, señaló el Presidente midiendo sus palabras. “Lo que queremos es que sea el punto y final del estado de alarma. Ese es nuestro propósito”, incidió sin ser del todo categórico, a pesar de decretar en su exposición el “principio del fin de la pandemia”.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud será a partir de esa fecha el órgano bajo el señuelo de la cogobernanza encargado de gestionar la nueva etapa. Sánchez destacó que las decisiones adoptadas entre Gobierno y Comunidades Autónomas son de obligado cumplimiento, sin dejar de admitir que el estado de alarmaes el marco para disponer de cierres perimetrales de territorios o restricciones de movilidad tales como los toques de queda. El jefe del Ejecutivo buscó aferrarse al impulso de la vacunación y a una mejora general epidemiológica para hacer innecesarias las medidas extraordinarias.

“Esperemos que el CISNS nos dé las suficientes herramientas para seguir respondiendo con eficacia a la pandemia”, sostuvo Sánchez. Sobre la mesa ya sólo quedarían competencias de las CCAA para imponer cierres de establecimientos comerciales e instalaciones públicas, reducciones de aforos, limitaciones de horarios o incluso confinamientos perimetrales quirúrgicos y siempre y cuando sean ratificados por la Justicia ante una cortapisa de derechos. El escenario idóneo podría pasar por una coordinación en el Consejo Interterritorial de las medidas a aplicar en todo el país. Algo difícil de lograr ante las diferencias autonómicas.

Tres olas después, a expensas de comprobar los estragos de una cuarta, la ausencia de cambios legislativos alternativos al despliegue del estado de alarma complica la capacidad de maniobra de las comunidades autónomas. A expensas de la evolución epidemiológica de aquí al 9 de mayo, Sánchez ha logrado sacudirse un debate sobre la prórroga o el levantamiento del paraguas de excepción que iba a irrumpir de lleno en el último tramo de la contienda de las elecciones madrileñas del 4 de mayo. A partir del 9 de mayo, decretar la excepcionalidad dependerá en todo caso de una demanda autonómica en cascada.

De esa manera, precisamente, ya actuó el Presidente para adoptar el estado de alarma en vigor, después de que cerca de una decena de comunidades, muchas de ellas socialistas, implorasen el paso al Gobierno de España. “Nadie podrá acusarnos de autoritarismo”, defendían hace 5 meses en el Palacio de La Moncloa. ¿Se repetirá la misma historia? Está por ver. Sánchez, de momento, acaparó el foco y puso su rostro a un futurible acelerón del plan de vacunación gracias al cual, con 87 millones de dosis por recibir entre este mes de abril y septiembre, España tendrá “25 millones de compatriotas vacunados en julio” y “hasta 33 millones” al acabar agosto. Esto es, el 70% de la población adulta estará inmunizada frente al Covid-19.