Una puerta abierta al diálogo permanente y a la normalización institucional. Así definía Iñigo Urkullu su reunión de casi dos horas que mantuvo La Moncloa con Pedro Sánchez y que concluyó según el guión previsto por ambas partes. El lehendakari regresó a Vitoria con las manos llenas porque logró la creación de comisiones bilaterales y permanentes para encauzar las 37 competencias pendientes, reclamadas en virtud del Estatuto de Gernika, que el jefe del Ejecutivo tiene ya sobre su mesa. Entre éstas resultan prioritarias las de autopistas, Puerto de Pasajes o la política de los Centros Penitenciarios, esto es, el acercamiento de los presos de ETA.

Sin fechas establecidas, pero la pretensión es avanzar en un “nuevo enfoque”, dar un giro a la política penitenciaria desde “el respeto a las víctimas”, según incidió Urkullu, midiendo cada palabra, siendo muy consciente de la incomodidad que puede generar a Sánchez cualquier precipitación o paso en falso. El presidente del Gobierno se ha mostrado públicamente partidario de de emprender un cambio de rumbo en tan delicada materia. Desde luego, en ningún caso habrá movimientos masivos de presos etarras. La Moncloa subraya que los reclusos deberán acogerse a las vías legales e individuales de reinserción para ser acercados a cárceles vascas.

Sin embargo, los mensajes oficiales pasan por invocar la necesidad de “abrir una reflexión” en el actual tiempo post-ETA. A ello cabría añadir la incidencia por parte del Gobierno en que Urkullu llevaba a su cita con Sánchez una agenda “muy práctica”. Si el jefe del Ejecutivo aspira a que la sociedad respalde un cambio en la política penitenciaria, deberá convencer de ello a la opinión pública y, a tal fin, es evidente que precisa de tiempo. Tanto es así que el comunicado de La Moncloa sobre el encuentro hizo referencia a la necesidad de la convergencia europea y caminar hacia la unión monetaria y fiscal o de compartir esfuerzos ante los flujos migratorios.

También la nota destacó la puesta en marcha de los dos grupos de trabajo que echarán a andar en julio. Uno con la intención de que el Gobierno de Sánchez retire recursos que el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy interpuso ante el Tribunal Constitucional contra leyes vascas como la llamada de abusos policiales. Otro por el traspaso de gestión de dos líneas ferroviarias. Ni palabra - siquiera de pasada - a los centros penitenciarios. Tampoco hubo mención alguno a otro de los asuntos candentes, la entrega al País Vasco de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Una cuestión que Urkullu reconoció delicada y que La Moncloa definió como “complicada”, por lo que necesitará madurarse con calma. Queda por ver si acaba en algo.

Sea como fuere, la reunión permitió tanto a Pedro Sánchez como a Iñigo Urkullu escenificar un nuevo tiempo y marcar el camino de los futuros encuentros con el resto de presidentes de comunidades autónomas. Y ello, claro, a dos semanas de la cita de mayor voltaje que tiene el jefe del Ejecutivo entre manos: La del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.