Lo insinuaban desde el núcleo duro de Pedro Sánchez: “La impresión es que los indultos van siendo entendidos por la opinión pública. Ahora la asimilación es mayor que hace dos semanas y entonces más que un mes atrás”. El Presidente hizo caso omiso a una mayoría social contraria a su temeraria decisión de conceder el perdón a los líderes del “procés” tras dar la sala de máquinas gubernamental todo tipo de vueltas y de análisis.

Puesto que las medidas de gracia eran inevitables, resultaba obligado afianzar posiciones. Por eso, la ofensiva pública sin precedentes a la que está lanzado desde hace semanas el Gobierno impregnando todo el debate público de consignas tales como la defensa de la “magnanimidad”, la “concordia” y, claro, la “convivencia”. Además de verificar una mayoría parlamentaria, La Moncloa ha constatado el aumento de “apoyos” a la decisión presidencial. Así figuraría en los datos en sus manos arrojando ahora mismo un país dividido por la mitad entre partidarios y detractores. Siempre según sus sondeos, la aceptación social habría pasado del 30 al 50%.

“Todos somos conscientes – admiten en La Moncloa - de que la apuesta es arriesgada”. Quien pudo hacerlo avisó a Sánchez durante las reuniones mantenidas semanas atrás de la necesidad de ir de frente y de que fuese él mismo quien encabezase la apuesta. En el laberinto de las variables, resulta lugar común en su entorno señalar que, llevando la iniciativa, Sánchez quedaría a todas luces legitimado para, de salir mal parado de la aventura, emprenderla de nuevo contra los separatistas. Tal posibilidad, como siempre debe preverse, de llegar a verse abocados a un giro de 180 grados es contemplada para devolver al Gobierno a la mano dura.

El propio Pedro Sánchez lo dejó entrever de alguna manera al justificar la semana pasada que lo “útil” ahora es “el perdón”. Lo “útil” en el pasado fue “el castigo”, enfatizó el Presidente. El recado tenía varios destinatarios. Entre ellos, Pere Aragonés a quien Sánchez ha dejado claro los límites del espacio de interlocución ante su reunión de este mismo martes por la tarde. La mercadería de la Agenda del Reencuentro como el punto de partida frente al menú de la autodeterminación y la amnistía. “Diálogo frente al monólogo”, resume La Moncloa en espera de lo que esté por venir dentro y fuera de la famosa Mesa de Diálogo.

Y ello incluirá un nuevo “Estatut” – “marco de convivencia”, según la doctrina oficial – que otorgue a la Generalidad catalana toda suerte de competencias exclusivas sobre su territorio. A la tarea en la retaguardia de convencer a ERC de los beneficios de esa empresa está volcado el PNV, el socio más fiable de Sánchez, que, por cierto, llevó a las Cortes la derogación todavía en trámite del recurso previo al Tribunal Constitucional contra los estatutos de autonomía. Esa también es la cuestión. En su rol, Andoni Ortuzar ya ha reclamado el reconocimiento como nación del País Vasco y de Cataluña y hacerlo de aquí al final de la Legislatura. Dos años por delante, los mismos que dispone Aragonés, necesitado para afianzarse de mantener un difícil equilibrio con sus socios de JxCAT y la CUP, antes de someterse a una cuestión de confianza.

El rumbo adoptado siempre condiciona la trayectoria de futuro. En La Moncloa llevan tiempo con la mirada puesta en el Tribunal de Cuentas que ha llamado a declarar, precisamente este martes, a 40 ex altos cargos y funcionarios de la Generalidad de Cataluña por los millones de euros malversados en su marcha hacia la independencia. Intramuros del complejo presidencial no se ha aplaudido pero tampoco criticado a José Luis Ábalos tras considerar al órgano fiscalizador “una piedra en el camino” de la negociación porque, en realidad, su aseveración es compartida. En todo caso, el recado tenía una doble función de amenaza al Tribunal de Cuentas y de solidaridad con los separatistas, particularmente en el caso del otrora consejero de Economía, Andreu Más-Colell, figura académica reconocida internacionalmente que genera “inquietud” en el Gobierno.