Al enemigo, ni agua. Eso debieron de pensar los independentistas que forzaron el encuentro en Barcelona entre Félix Bolaños y Laura Vilagrá para mostrar su enojo ante el supuesto espionaje masivo. Y, desde luego, se encargaron de escenificar un show victimista. El Gobierno se ve incapaz de despejar el balón que la Generalitat de Cataluña mantiene en su tejado.

El encuentro entre los “número dos” de Pedro Sánchez y Pere Aragonés arrancaba sin el gesto de cortesía, la habitual deferencia y muestra de respeto, de recibir Vilagrá a Bolaños a las puertas del Palau de Sant Jaume. A la ausencia del mismo le siguió la petición de que un ninguneado ministro de la Presidencia dejase el móvil junto al de la consejera de la Presidencia fuera de su despacho, antesala de eludir la clásica escena del sofá y sentarse cada uno en los extremos de una mesa. Apenas hubo lugar para el intercambio de palabras entre ambos en el posado inicial ante fotógrafos y cámaras de televisión.

La estudiada imagen pretendía evidenciar la lejanía entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno. Como declaración de intenciones, Bolaños exhibió un libro de Sherry Turkle, titulado En defensa de la conversación - con el subtítulo El poder de la conversación en la era digital - que regaló a Vilagrá en el día después de Sant Jordi. Con esos dimes y diretes, las más de dos horas de cara a cara entre ministro y consejera sirvieron para poco, a pesar de unas concesiones ofrecidas por La Moncloa tachadas de “insuficientes” por los secesionistas.

El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa cuatro iniciativas: 1) Activar un control interno del Centro Nacional de Inteligencia para esclarecer las acciones relacionadas con el espionaje. 2) La “disposición” del CNI a colaborar con la investigación abierta por el Defensor del Pueblo, unas pesquisas oficializadas con Bolaños en el Palau de Sant Jaume y según las cuales Ángel Gabilondo recabaría datos y analizaría un eventual uso inadecuado del sistema Pegasus por una hipotética puesta en riesgo de derechos fundamentales, en particular los relacionados con la privacidad. 3) La constitución “inmediata” de la comisión de Secretos Oficiales del Congreso, encallada desde 2019, para que comparezca la directora del CNI, Paz Esteban. Y 4) La colaboración con la Justicia para lo que se desclasificarían documentos oficiales.

La respuesta de la Generalitat catalana ha sido ahondar en la crisis de los espías e insistir en la magnitud del escándalo que tachan de “mayúsculo”. La batería de medidas gubernamentales han sido descalificadas como “vagas, inconcretas y de resultados inciertos”, quedándose lejos de las pretensiones independentistas, incluidas dimisiones, sin concretar nunca las de quienes. Así las cosas, Pedro Sánchez deberá buscar vías alternativas para lograr una rebaja de la hostilidad de Pere Aragonés que trata de cohesionar alrededor de su figura a todo el bloque secesionista.

El embrollo atizado por Aragonés ha terminado por inyectar preocupación en la órbita del PSOE al verse caminar sobre el alambre. La intención de los socios de convertir la sesión de control del miércoles en las Cortes en una olla de presión contra Sánchez y sus ministros de Defensa, Margarita Robles, y de la Presidencia, Bolaños, además del registro de una comisión de investigación y de siete comparecencias, incluida la de Sánchez, acrecienta el desconcierto. “Cautela, tiento y realismo”, recetan altos cargos. “Es grave”, avisan los recelosos ante unos separatistas capaces de poner en riesgo la Legislatura o, al menos, de hacérsela cuesta arriba.

La siguiente parada llega este mismo lunes por la tarde, marcado en rojo en el calendario, con la presencia del jefe del Gabinete del Presidente, Óscar López, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Lo malo, para él, es que los costaleros prometen estrecharle el camino.