Ni desórdenes públicos ni sedición. Fue rebelión. Un ataque al Estado y a la Constitución. Y estaba organizado. La Fiscalía lo tiene claro. Así lo refleja en su escrito de conclusiones y así lo explicará el próximo martes en el Supremo. “Los acusados dirigieron, promovieron, participaron activamente en una estrategia, el procés, perfectamente planificada, concertada y organizada”, dicen los cuatro fiscales en su escrito de conclusiones definitivas y lo decían en las provisionales. Desde la Generalitat, desde el Parlament y desde las plataformas independentistas.

Con claridad, firmeza e independencia han actuado los cuatro fiscales a lo largo de todo el proceso: Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena. No han cambiado de opinión y se ratifican en todo lo que dijeron desde el principio. Hubo violencia, aseguran, y la violencia fue física e intimidatoria. Y el carácter violento que precisa el delito de rebelión queda constatado, para el Ministerio Público, con muchos testimonios a lo largo del juicio.

Y tras esos testimonios, recuerda en el escrito la reunión de Puigdemont con los mandos de los Mossos d'Esquadra, con José Luis Trapero a la cabeza, el 26 de septiembre de 2017, en la que advertían al ahora fugado de la Justicia de las posibles situaciones de violencia si no desconvocaba el referéndum. Y el entonces “Honorable” respondió que si había violencia declararía la independencia. A la eslovena. Trapero le dijo que esperaba no tener que lamentar desgracias. Lo contó en el juicio el Mayor de los Mossos.

La Fiscalía explica que Cataluña vivió un clima insurreccional en los días previos y posteriores al 1-O, hasta la aplicación del 155, el 27 de octubre de 2017, destacan los fiscales. “Una insurreción patente, manifiesta y exteriorizada contra el orden jurídico establecido, perfectamente organizada”. Conscientes de la ilegalidad del referéndum y tras los violentos incidentes del 19 y 20 de septiembre, los acusados “fomentaban, propiciaban y buscaban el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad”.

Además, la Fiscalía introduce algo novedoso y pide a la sala que, en el caso de condena, no se aplique el tercer grado hasta que se cumpla la mitad de la pena. Se trata de evitar excarcelaciones o semilibertades antes de tiempo. Estarían en cárceles de Cataluña y las competencias están transferidas. Que no se repita un caso como el de Oriol Pujol, a quien la Justicia revocó la libertad. Pero la respuesta de la Generalitat de Cataluña, al día siguiente de elevar a definitivas las conclusiones fue dejar salir a la calle al hijo de Pujol para que pueda trabajar y que vuelva a la cárcel a dormir. Una posible “prevaricación” dicen fuentes jurídicas, además de auténtica “tomadura de pelo”.