Una reforma constitucional imposible debido a una clase política mediocre

Catedráticos de Constitucional consultados por Cope.es dicen que la Carta Magna debe revisarse, pero cuestionan la falta de un gran pacto en este momento

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Adolfo Suárez y Dolores Ibárruri en la constitución de las Cortes celebradas el 13 de julio de 1977 EFE

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Redactor de cope.es

@AbadMarce92 Madrid

Tiempo de lectura: 6' Actualizado 05:21

“Cuarenta años de historia se han transformado esta mañana en las Cortes Españolas. Ver a Dolores Ibárruri y a Rafael Alberti presidiendo la mesa de edad, al empezar la andadura de las nuevas Cortes democráticas, no es una pura anécdota. Se puede afirmar rotundamente que una nueva etapa de este sufrido país ha comenzado”. Así arrancaba el periodista de 'Pueblo' Juan José Callejas su crónica sobre las Cortes constituyentes convocadas tras la muerte del dictador Franco.

Un año y medio después, la Constitución que este jueves cumple 40 años veía la luz. Fue un 6 de diciembre, pero de 1978, cuando los españoles ratificaron el texto con el 87,78 % de los votos bajo la pregunta: “¿Aprueba el Proyecto de Constitución?” Aunque la Carta Magna fue capaz de unir las dos Españas de las que hablaba Machado, su aniversario llega deslucido por el debate que se ha generado en torno a su aceptación.

Aunque los cuatro grandes partidos están de acuerdo en revisar el texto -por ejemplo, el artículo 57.1 que consagra la discriminación de la mujer por el hombre en la sucesión al trono, salvo Podemos que aboga por la abolición de la monarquía-, las discrepancias entre unos y otros hacen imposible el consenso del 78. Entonces no había más separación entre los viejos antagonistas que unos milímetros en la barra del José Luis, el bar donde se gestaron parte de las cesiones y renuncias. El discurso electoralista del que están haciendo uso las formaciones, sin embargo, dificulta la unión hasta en lo más básico: determinar si la Carta Magna adolece de problemas después de 40 años a pleno pulmón.

EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POSTERIORES A 1978

No será porque los expertos en Derecho Constitucional no los vengan plasmando en trabajos académicos desde hace, al menos, una década. Como reconoce la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo, "si un texto no se actualiza en 40 años corre el riesgo de quedar añejo. En el caso de la Constitución, algunos preceptos han generado dudas que ha tenido que resolver el Tribunal Constitucional. En ocasiones, la interpretación ha superado el contenido al adecuarlo a la situación social y política". 

En opinión de la experta, también han surgido derechos nuevos que es necesario incorporar, como los relativos al tratamiento de datos personales, y otros que hay que dotar de una mayor protección. Figueruelo pone como ejemplo el derecho a la salud, al medioambiente o a la vivienda. Respecto a este último, reconoce que el Estado no puede concederle un inmueble a los 46 millones de españoles -entre otras cosas porque, además, no sería equitativo valorar los recursos de todos por igual-. Sin embargo, a partir de esta mayor protección sí se pueden elaborar políticas como las soluciones habitacionales.

MAASTRICH Y EL 135, LAS DOS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN

Actualmente, parece que solo se contemplan dos alternativas: o volar por los aires el texto del 78 o no alterar ni una coma de su articulado. Pero la Constitución ya se ha reformado en dos ocasiones. La primera, en 1992 para adecuar la legislación al Tratado de Maastrich. Esto permitió a los extranjeros residentes en España ser electores y elegibles en las elecciones municipales. La segunda, en 2011 con la reforma exprés del artículo 135 sobre la estabilidad presupuestaria, que priorizó el pago de la deuda pública frente a cualquier otro.

La propia Constitución prevé dos mecanismos de reforma. Uno más flexible, contenido en el artículo 167, y otro mucho más rígido, el del artículo 168. El primero exige una mayoría de 210 diputados y 160 senadores -actualmente hay 350 diputados y 266 senadores- y no obliga a convocar un referéndum para ratificar el texto. El segundo exige una mayoría de 234 diputados y 178 senadores. Esto empuja a las fuerzas políticas a encontrar un acuerdo casi absoluto. Además, tienen que disolverse las Cortes, convocarse unas nuevas y celebrarse un referéndum en el que la ciudadanía apruebe la reforma. A este procedimiento habría que acudir, por ejemplo, para reformar la forma del Estado - el Estado social y democrático de Derecho- o el sistema de gobierno -la monarquía parlamentaria-.

SUPRIMIR EL SENADO Y LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

Miguel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, también está de acuerdo con que ha de mejorarse el texto. Dice, no obstante, que "hay que hacer una lectura positiva teniendo en cuenta las circunstancias del 78". "Una de sus líneas maestras es la plasmación del pluralismo político" como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico.

El jurista critica la inoperancia del Senado o la duplicidad de órganos de gobierno como las diputaciones provinciales. Tal y como consta en la web de la Cámara Alta, su presupuesto en 2018 alcanza los 54 millones de euros. El coste de las diputaciones provinciales supera los 600 millones según un estudio de '¿Hay Derecho?'. La cifra es el resultado de eliminar la estructura política de estas instituciones, sus órganos de gobierno, unos 140,56 millones de euros, y otros 446,9 millones que las diputaciones reciben de otras administraciones sin una finalidad concreta.

En opinión de Presno, la Constitución ya se tenía que haber reformado 15 años después de aprobarse. En 2005 hubo un pricipio de entendimiento entre el entonces presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero y el ex líder de la oposición Mariano Rajoy que afectaba a "la reforma de los Estatutos de Autonomía, al nuevo modelo de financiación, a las bases de la política exterior, a la postura de España de cara a la aprobación de la Constitución Europea y a cualesquiera otras materias". Así se lo hizo saber el dirigente del PP al del PSOE por medio de una carta en la que subrayaba que su partido había abierto "el melón de la reforma constitucional. Nosotros no lo veíamos ni urgente ni prioritario, pero es su responsabilidad y no nos vamos a oponer porque sí".

LA AUTODETERMINACIÓN, UN DERECHO INCOMPATIBLE CON LA DEMOCRACIA

El melón de la reforma constitucional continúa hoy. Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, afirma que "la Constitución no está agotada. Necesita una reforma, pero hay que pensarla bien". Como faro de guía destaca el 'Informe sobre modificaciones de la Constitución' que en 2006 elaboró el Consejo de Estado.

A su juicio, hay aspectos en los que deberían coincidir las fuerzas políticas, como "la inclusión de la mención a la Unión Europea". No así en otros temas, como el relativo al Estado autonómico. "Hay que ponerse de acuerdo antes sobre la orientación de esta reforma. Hace falta una delimitación competencial más clara o fijar criterios básicos de financiación para que se garantice la solidaridad territorial".

Sobre el hipotético anclaje de un derecho a la autodeterminación, Vidal afirma que "no tiene cabida". De acuerdo con la ONU, solo es legítimo ejercer este derecho en casos de colonización, violación de los derechos humanos o guerra, lo que explica que ninguna constitución democrática del mundo lo reconozca.

LA CONSTITUCIÓN Y EL RELATO INDEPENDENTISTA

Roberto L. Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, sostiene que las constituciones han de tener "vocación de permanencia". Por eso, solo deben ser modificadas cuando su "obsolescencia" da lugar a escollos difíciles de salvar.

En el caso de la Carta Magna, se manifiesta partidario de reformarla en lo que respecta a la organización territorial. "La regulación de los derechos en la Costitución es correcta. Hace falta, sin embargo, una reforma seria para hacer más eficaz el sistema autonómico y reducir la conflictividad entre comunidades". El jurista pone el foco en las formaciones de índole nacionalista. A su juicio, desde el año 78 los partidos han ido colmando sus demandas mediante la cesión de competencias, pero actualmente no quedan atribuciones. Por eso, critica la propuesta del Gobierno de modificar la Carta Magna en el sentido de implantar un Estado federal porque, de facto, "España ya lo es".

Blanco Valdés afirma que no hay reforma constitucional capaz de resolver el conflicto catalán porque "el independentismo es contrario a la propia Constitución". No solo eso, sino que con un poder Ejecutivo y un poder Legislativo propios, con un estatuto de autonomía y con una Constitución que permite la propia existencia de partidos independentistas, la idea de que "la Constitución es una jaula" que "oprime" a los catalanes, como sostiene el relato secesionista, resulta insostenible.

LA GENEROSIDAD DEL CONSTITUYENTE DEL 78

Uno de los padres de la Constitución, el que fuera portavoz por UCD Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, escribió en una publicación del diario '¡Ya!' -que ha rescatado la Fundación Juan March en un hilo de Twitter- que en las Cortes constituyentes de 1977 estaban representados "los de antes y los de ahora. Aquellos que alguna vez dieron órdenes de exiliar, de detener, de perseguir, y aquellos otros que se exiliaron, que fueron a prisión y sufrieron largas condenas". 

Pese al esfuerzo que supuso, hoy se pone en duda al constituyente del 78. Formaciones como Podemos califican este periodo de "herencia recibida del Fraquismo" sin reparar, por ejemplo, que fue la Constitución actual la que consagró, de iure, la igualdad entre hombres y mujeres. Durante la dictadura, las mujeres no solo no podían abrir una cuenta bancaria sin autorización paterna o marital, sino que la ley las consideraba, sin ningún reparo, seres inferiores.

El consenso no nace por esporas sino que tiene que generarse. Como reconoce Blanco Valdés, "en aquel momento era la democracia o la nada". Hoy, sin embargo, "la polarización y la falta de consenso desaconsejan una reforma constitucional". A pesar de que los expertos consultados coinciden en que la Carta Magna necesita una actualización más o menos profunda, todos critican la falta de altura y disposición de los representantes políticos para acometerla. La reforma "no puede ser la plasmación de un programa político", sino que tiene que ser un texto en el que la sociedad en su conjunto se sienta reflejada, insiste el catedrático.

Como escribió Herrero y Rodríguez de Miñón, entonces "no había posturitas para darse importancia". Sus señorías "eran unos cientos de hombres que enseñaban el hermoso cheque de sus votos y a ver qué pasa".

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