La responsable de Recursos Humanos de la imprenta Artyplan ha explicado en el juicio del "procés" que, tras un registro de la Guardia Civil, ordenó frenar la impresión de un encargo de carteles relacionados con el 1-O valorado en más de 17.000 euros y de la que figuraba como contacto Òmnium Cultural.

Rosa María Sans ha declarado este martes como testigo ante el Tribunal Supremo en una jornada que ha durado apenas 20 minutos, y que se retomará por la tarde, en la que se ha negado a declarar José Oriol González, gerente de la empresa Buzoneo Directo S.L. al estar imputado en un juzgado de Barcelona que indaga los preparativos del referéndum en Cataluña.

La testigo ha admitido que la empresa recibió encargos para el referéndum del 1 de octubre de 2017, si bien una vez se personaron los agentes en la imprenta de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) el 15 de septiembre, decidieron "que el trabajo no se seguía adelante".

A raíz del registro, la testigo envió un correo el 19 de septiembre a los empleados advirtiéndoles que, "dado el momento en que vivimos, no se imprimiera nada que hiciera referencia con el referéndum", aunque ha admitido que sí hubo material que se imprimió anteriormente.

La empleada ha relatado que fue "un trabajo que entró por el departamento comercial" de la manera habitual, pero del que ni se emitió factura ni constaba albarán de entrega, y ha explicado que "en la ficha figuraba como contacto Òmnium", un cliente de la empresa "desde hace muchísimos años".

Ha explicado que ella estuvo presente durante el registro, en el que la Guardia Civil retiró de un almacén todo lo que la empresa tenía en relación al referéndum: "Lo que encontró ahí es lo que ha hecho Artyplan".

Ha señalado, no obstante, que ella no se encargaba de recepcionar los pedidos, que no vio los carteles hasta que aparecieron en la prensa y que el responsable de Producción nunca le comentó que tenían ese encargo.

El empresario rechaza declarar

El primero de los testigos citados este martes en el juicio por el 'procés' ha sido el  propietario de una empresa en la que se incautaron 1,3 millones de folletos llamando al voto par el 1-O, ha renunciado a declarar alegando estar imputado en la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sobre la organización de la consulta.

Al inicio de la vista este empresario, José Oriol González ha manifestado que su declaración en el juicio en Madrid podría perjudicarle, por lo que ha manifestado su deseo de no declarar. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha preguntado si tiene constancia efectiva de que el procedimiento en Barcelona sigue su curso, y tras obtener respuesta efectiva por parte del testigo le ha eximido de declarar.

En la empresa Buzoneo Directo se encontraron días previos a la consulta ilegal 1,3 millones de dípticos y folletos de diverso tamaño llamando al voto por la independencia. En concreto, en la empresa, situada en la localidad de Montcada i Reixac (Barcelona), se localizaron unos 700.000 folletos informativos para su reparto promoviendo el 'Sí', otros 130.000 carteles de menor tamaño también en apoyo del referéndum y unos 370.000 dípticos con el logotipo de la Generalitat de Cataluña que se corresponderían con la campaña institucional del referéndum ilegal.

En el mismo local fueron encontrados otros 138.000 carteles con el texto: "Si, per fer-los for a" (Si, para echarlos fuera), unido a las imágenes del Rey Felipe VI, del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el expresident Jordi Pujol y el expresident de la Fundación Palau de la Música de Barcelona, Jordi Millet. Estos últimos carteles incorporan los logos propios e identificativos de la CUP.

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Para la sesión de la tarde está previsto que comparezcan el diseñador gráfico Enric Vidal Famadas, quien presuntamente hizo de intermediario entre la Generalitat y otras empresas. Por último, cerrará la décimo quinta jornada del juicio el empleado de Artyplan Enrique Mary Yriarte.