A la tercera semana del juicio y tras la declaración de los acusados, llega este miércoles el turno de los "testigos ilustres", encabezados por el presidente del Gobierno en pleno auge del procés, Mariano Rajoy, y cuatro miembros de su gabinete, que acabaron cesando al Govern de Puigdemont en aplicación del 155.

Será la segunda ocasión en la que Rajoy testifique en un juicio penal, si bien esta vez lo hará en calidad de expresidente y no de líder del Ejecutivo, como sucedió con el caso Gürtel.

De su gabinete comparecerán también la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Juan Ignacio Zoido y Cristóbal Montoro, cuya testifical ansían las defensas por las contradicciones en que incurrió cuando aseguró que no se destinaron partidas para financiar el 1-O, una afirmación que luego trató de enmendar pero que los letrados aspiran a exprimir en la vista oral.

Por los pasillos del Tribunal Supremo se cruzarán con antiguos interlocutores como el expresident Artur Mas; o con actuales representantes catalanes como el presidente del Parlament, Roger Torrent; o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Sin olvidar al lehendakari, Iñigo Urkullu, que hizo las veces de mediador entre el Gobierno central y el autonómico, especialmente en las semanas previas a la Declaración Unilateral de Independencia

No es habitual que testigos de esta entidad declaren en primer lugar en los juicios, que suelen comenzar con los citados por la Fiscalía, pero el calendario electoral ha obligado al tribunal a situarlos al comienzo de la rondas para alejarlos de la campaña.

Sus interrogatorios constituyen la primera oportunidad de Vox para entrar en acción, dado que hasta ahora ha estado abocado a un segundo plano ante el rechazo de todos los acusados de contestar a sus preguntas.

El secretario general del partido, Javier Ortega, y el letrado Pedro Fernández, serán a los primeros a quienes deberán responder algunos de los testigos más relevantes como Rajoy, que en esta ocasión y a diferencia del juicio Gürtel lo hará desde una mesa ubicada frente al tribunal.

También Sáenz de Santamaría o Montoro comenzarán respondiendo a Vox, al estar citados a petición de este partido.

Deben hacerlo con una premisa fundamental en mente: la obligación de decir la verdad bajo amenaza de incurrir en un delito de falso testimonio -castigado de seis meses a dos años de prisión-, a diferencia de los acusados, quienes no están obligados a decir la verdad en sus declaraciones.

Y también a diferencia de estos, los testigos tienen que contestar todas las preguntas que les formulen cada una de las acusaciones y defensas.

Todo ello en un intervalo de media hora previsto para cada declaración de un total de veinte, diez cada día. Una previsión que se antoja muy limitada en algunos casos, habida cuenta de que son tres acusaciones y doce defensas, que aprovecharán el turno de testificales para desplegar sus estrategias, conscientes de lo que todos ellos se juegan en este juicio.

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Sin embargo, solo podrán preguntar al testigo sobre lo que ha presenciado o tenido conocimiento con relación a los hechos que se enjuician.

Según recoge la ley, ningún testigo puede ser obligado a contestar a una pregunta que le pueda "perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante" a no ser que los delitos revistan "suma gravedad por atentar a la seguridad del Estado, a la tranquilidad pública o a la sagrada persona del Rey o de su sucesor".

En este caso, la Fiscalía atribuye a nueve de los doce líderes independentistas acusados un delito de rebelión, que baja a sedición si se trata de la Abogacía, y que se multiplica si entra Vox en juego.

La ley también impide que se formulen "preguntas capciosas ni sugestivas" o utilizar la "coacción, el engaño, la promesa" u otros artificios para inducirles a declarar en uno u otro sentido.

Para vigilar eso estará Manuel Marchena, el presidente del tribunal, que ha dejado claro en algunos círculos que no iba a permitir que los interrogatorios se convirtiesen en una excusa para hacer política y que advirtió ya en la primera semana del juicio que estaban prohibidos los alegatos políticos o ideológicos.

En plena precampaña electoral, hay dudas sobre si optarán por una línea dura y más política, con la vista puesta en el 28A, o si se inclinarán por la vía estrictamente jurídica, conscientes de que las testificales son la clave para articular la prueba de su acusación.