La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), anunciada ayer tras un acuerdo entre Gobierno y PP, influirá directamente en el juicio por el 1-O, previsto para el año que viene. La probable elección como presidente del CGPJ de Manuel Marchena, defensor de la atribución del delito de rebelión y quien iba a redactar la sentencia, provoca un cambio en el tribunal y lo escora hacia una mayoría progresista.

Con 20 años a sus espaldas como juez de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta será casi con toda probabilidad el nuevo presidente del juicio del "procés". Los que conocen a Martínez Arrieta (Logroño, 1955) le definen como un juez de carácter discreto y prudente, de trato amable en lo cercano y bastante correcto. Considerado más progresista que Marchena, Martínez Arrieta formó parte del comité fundador de la asociación judicial Francisco de Vitoria aunque su activismo asociativo ha descendido bastante en los últimos años. Aunque su voto pesa igual que el de los otros seis jueces pese a ser presidente, el papel de ponente siempre es relevante puesto que le da más autoridad y es el que redacta la sentencia. 

La previsible salida de Marchena no solo ha hecho que Martínez Arrieta apunte a ocupar su puesto en la presidencia del tribunal del 1-O, sino que también abre la puerta a que entre una séptima integrante, la progresista Susana Polo, configurando así un tribunal aparentemente menos conservador que el inicialmente previsto. Polo pertenece a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Según sugiere El Mundo, la proporción sería de cuatro progresistas frente a tres jueces de corte conservador. "Del lado progresista se encuentra, además del presidente in pectore y la nueva incorporación, la magistrada Ana Ferrer (...)  El otro integrante del bloque progresista es Luciano Varela, histórico fundador de la asociación judicial progresista. (...)  En cuanto al bloque conservador, estaría compuesto por los magistrados Berdugo, Antonio del Moral y Andrés Palomo. Los dos primeros son miembros de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)".