El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) juzga a partir del próximo lunes si el magistrado Salvador Alba manipuló una instrucción penal y orientó a un testigo para intentar perjudicar a la juez Victoria Rosell, cuando esta acababa de ser elegida diputada con Podemos.

Suspendido de empleo y sueldo por estos hechos desde hace meses, Salvador Alba se sienta en el banquillo para responder de cuatro delitos por los que la Fiscalía de Canarias exige que sea condenado a diez años de cárcel y 29 de inhabilitación (prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos).

Las cuatro acusaciones personadas en el juicio (el Ministerio Fiscal, la propia Rosell, su pareja el periodista Carlos Sosa y Podemos) sostienen que el procesado aprovechó unos meses en los que sustituía a la entonces diputada de Podemos en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para dirigir en contra de la juez un caso de fraude fiscal abierto al empresario Miguel Ángel Ramírez, relativo a Seguridad Integral Canaria.

La Fiscalía acusa al magistrado de manipular de forma "arbitraria" y "con ánimo espurio" la tramitación de ese procedimiento -que había sido iniciado por la propia juez Rosell- con el propósito de "recopilar material ajeno" a los hechos que se investigaban (un posible fraude a la Seguridad Social) "que sirviera de plataforma para perjudicar profesionalmente" a su colega.

El Ministerio Público sostiene que Alba ejerció "arbitrariamente el poder que le confiere su condición de juez" para intentar dañar la reputación de Rosell, llegando a "prometer" al empresario implicado en esas diligencias, Miguel Ángel Ramírez, que se iba a "cargar" su caso de fraude fiscal si colaboraba en sus propósitos.

Todos esos hechos sucedieron mientras el Tribunal Supremo tenía pendiente de decidir si admitía o no a trámite una querella presentada contra Victoria Rosell por el entonces ministro y presidente del PP canario José Manuel Soria, que la acusaba de haber retrasado de forma maliciosa la causa contra Ramírez movida por intereses personales (los negocios que mantenía o había mantenido en el pasado este empresario con su pareja, el periodista Carlos Sosa).

La Fiscalía de Canarias del TSJC sostiene, de hecho, que el juez Alba intentó llegar a "un acuerdo corrupto" con Miguel Ángel Ramírez para que este le proporcionara documentación sobre sus relaciones empresariales con la pareja de la juez Rosell, "lo que supondría el impulso definitivo de la querella promovida" por Soria contra ella.

Con ello, añade, el juez Alba lograría algo "para su provecho o para el de un tercero" y el propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, la promesa de que "vería archivado" el procedimiento en el que se le acusa de un fraude millonario a Hacienda y la Seguridad Social en el pago a sus trabajadores.

Ese acuerdo se urdió, supuestamente, en una reunión que Salvador Alba mantuvo en su despacho con el empresario Ramírez, en el que le dijo lo que tenía que declarar cuando lo interrogara oficialmente para perjudicar a Rosell, según mantienen las acusaciones.

Todas las sospechas levantadas en ese procedimiento sobre el desempeño de Rosell como juez fueron tiempo después archivadas, tanto por el Consejo General del Poder Judicial (en el plano disciplinario) como por el propio TSJC (en el penal), pero la juez se vio obligada a renunciar a presentarse a las elecciones de 2016.

El asunto se volvió contra Salvador Alba nada más cesa su tiempo de sustitución en el Juzgado de Rosell. En ese momento, Ramírez acudió al juzgado de guardia a presentar una grabación que había realizado disimuladamente de la reunión que había mantenido con Salvador Alba, un documento que constituye una de las pruebas fundamentales del juicio que comienza el lunes.

La vista durará, en principio, cinco días, en jornadas de mañana y tarde. La abrirán dos interrogatorios: el del procesado, Salvador Alba, y el del empresario Ramírez, como primer testigo del caso.