El Supremo revisa el próximo 25 de febrero las condenas de los líderes de la Gürtel, Bárcenas y el PP

La Audiencia Nacional consideró a la formación como partícipe a título lucrativo en la red corrupta de Correa y le multó con 245.000 euros

El Tribunal Supremo revisa a partir del próximo 25 de febrero los recursos de los condenados por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 por la primera época de actividades de la trama Gürtel, entre los que se encuentran los líderes de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; el extesorero del PP Luis Bárcenas y el partido político como partícipe a título lucrativo.

El tribunal estará integrado por el magistrado Juan Ramón Berdugo, que es el presidente y ponente de la sentencia; Antonio del Moral, Andrés Palomo, Susana Polo y Eduardo de Porres. Según han informado fuentes jurídicas, el ponente ya ha comenzado a estudiar los más de 400 motivos expuestos en los recursos, pero será dentro de tres semanas cuando los magistrados de la Sala de lo Penal se sienten para deliberar sobre los mismos.

La Audiencia Nacional dictó sentencia el 24 de mayo de 2018 en la que afirmó que ha quedado acreditado que durante los años de esta primera época (1999-2005) se tejió entre el grupo de Correa y el PP una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona.

Por ello, condenó, entre otros, al 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión y al que fuera su 'número dos', Pablo Crespo, a 37 años y medio de cárcel, quienes ya están cumpliendo prisión por las penas impuestas por los amaños de los contratos de Fitur.

También a Bárcenas a 33 años y 4 meses además de 44 millones de euros de multa y consideró que el PP se lucró de las actos ilícitos de los entonces alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, por lo que le obligó a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo.

((Habrá ampliación))