El Tribunal Supremo recuerda en la sentencia del "procés" que no es su labor enjuiciar los choques entre votantes y agentes el 1-O, pero denuncia que hubo "abiertas agresiones" de ciudadanos a policías y guardias civiles y estima que estos "se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista". Los relatos contrapuestos sobre los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los votantes durante la jornada del referéndum ilegal centraron largas sesiones del juicio del "procés", pero los magistrados señalan en la sentencia hecha pública este lunes que los hechos están en manos de los tribunales catalanes.

No obstante, dejan claro que hubo ciudadanos que insultaron y vejaron a los agentes con escupitajos, expresiones despectivas y palabras amenazantes, "sin que faltaran abiertas agresiones que sobrepasaron los contornos de la resistencia pasiva, incluso en la más indulgente de las concepciones, erigiéndose en simples actos de agresión". La resistencia pasiva "no pocas veces mutaba en activa", "generando esporádicos pero reales episodios de agresión", recalcan.

Respecto a la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el tribunal afirma que los agentes "se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista" ante la actitud de quienes tácticamente se apostaron ante los centros de votación, ya que tenían el mandato judicial de evitar el referéndum."A primeras horas de la tarde, dado que el uso de la fuerza podría devenir desproporcionado, los agentes de Policía  Nacional y Guardia Civil recibieron órdenes y se vieron irremediablemente forzadas a declinar el propósito inicial", continúan los magistrados.

No entran en la guerra sobre el número de heridos en la jornada: "El enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la autoridad derivó en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa", se reseña escuetamente la sentencia. La defensa de Jordi Cuixart alegó que la actuación de la Guardia Civil y de la Policía suponía un acto de tortura o de trato inhumano o degradante y consideró que esos actos deberían haberse investigado en los días siguientes al 1-O.Pero los magistrados desestiman esa alegación, al considerar que busca "reprochar al Ministerio Fiscal su inacción institucional a la hora de investigar las lesiones sufridas por ciudadanos catalanes que acudieron a votar el día 1  de octubre y que fueron golpeados por los agentes de orden público". Recuerda de nuevo que hay distintas causas penales instruidas en los juzgados catalanes competentes para esclarecer esos hechos.

Tampoco se analiza en la sentencia cómo aparecieron centenares de urnas en los centros de votación y la compra de ese objeto clave en la jornada del referéndum no está en el delito de malversación, con lo que sigue siendo un misterio quién se encargó de ellas.