A medida que la normalidad va llegando a los diferentes estamentos de nuestra sociedad, se está produciendo un hecho que se estaba viendo venir. En los tribunales empiezan a acumularse las querellas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tanto de ciudadanos particulares, como de diferentes colectivos y asociaciones, contra la gestión que éste ha llevado de la pandemia del coronavirus.

Una de las últimas en presentarse ha sido la que ha interpuesto el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, que aglutina a ocho de los catorce representantes sindicales del Consejo de la Policía, por la "gestión nefasta" del Ejecutivo en esta crisis sanitaria en lo que a la seguridad de los agentes se refiere, según ha señalado el secretario general del sindicato, José María García.

Según éste, "se ha puesto en riesgo la salud de todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, ocasionando consecuencias fatales para varios de ellos".

El sindicato policial se querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, así como contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por una “presunta comisión de sendos delitos contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación” por no haber proporcionado material de protección adecuado frente al coronavirus a los agentes, así como por haber permitido las manifestaciones del 8-M que expusieron al contagio a los policías destinados a su control.

Pero estos altos cargos, son sólo dos de una larga lista de querellados, entre los que nos encontramos al subsecretario de Estado de Sanidad, Alberto Herrera; la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la comisaria principal, María Pilar Allué; el DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, y el subdirector general de Logística, José García Molina.

Jupol ha recordado que, desde el inicio de la pandemia han venido denunciado que desde el Gobierno no se les ha proporcionado el material de protección necesario a los agentes, poniendo así en peligro la salud de los policías.

En este sentido, cabe recordar que José Antonio Nieto, jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, ya el día 24 de enero había presentado un plan de actuación del cuerpo contra el coronavirus, donde alertaba de la necesidad del uso de mascarillas. Un informe que, según Jupol, le costó la destitución a Nieto a tres meses de su jubilación y a pesar de ser el "máximo especialista" en riesgos laborales del cuerpo.

Además, José María García también ha señalado que "no vamos a permitir que se utilice a la Policía Nacional como moneda de cambio o como instrumento para los intereses partidistas o ideológicos de los políticos, como ya intentó hacer el Gobierno durante los disturbios ocasionado en Cataluña por los independentistas radicales".

"Se tomaran todas las medidas pertinentes ante cualquier orden que se dé a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no sea acorde a la legislación o a las funciones que tienen reconocidas los cuerpos de seguridad", ha advertido el secretario general de Jupol.

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