El Senado debatirá el lunes si autoriza el traslado de menores migrantes no acompañados entre Canarias y País Vasco

La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado debatirá el lunes si autoriza o no el convenio firmado por Canarias y País Vasco para el traslado de 18 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados entre ambas administraciones, después de que Vox haya solicitado a la Cámara Alta que se pronuncie sobre el pacto, alegando que afecta a "competencias exclusivas del Estado".

La senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez ha propuesto que el Senado tenga la última palabra sobre el convenio suscrito entre ambas comunidades autónomas y que su tramitación pase por la propia Cámara Alta y, en su caso, también por el Congreso. De este modo, las Cortes Generales serían quienes decidan si el pacto necesita o no autorización.

En la exposición de motivos, los de Santiago Abascal han argumentado que las regiones pueden celebrar convenios con otras comunidades para la gestión y prestación de servicios que correspondan "a materias de su exclusiva competencia", pero que la "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo" son potestad del Estado.

"El traslado de menores migrantes no acompañados entre las dos regiones aludidas afecta a las competencias exclusivas del Estado (...) En consecuencia, debe reiterarse la petición de que las Cámaras de las Cortes Generales valoren la necesidad de autorizar el convenio en cuestión", reza el texto presentado por Vox y que se votará el próximo lunes 6 de noviembre.

Canarias y País Vasco habían acordado el traslado de menores migrantes en situación de desamparo y sin familiares que puedan asumir su guarda como modo de hacer frente a la "contingencia migratoria" que vive el archipiélago. En concreto, se había pactado llevar a cuatro menores a la provincia de Álava, siete a Vizcaya y otros siete a Guipúzcoa.

El Senado, en su condición de cámara territorial, tiene la potestad de autorizar o no los convenios a los que lleguen dos o más comunidades autónomas, siempre que así lo proponga un grupo parlamentario. En el caso de no presentarse propuesta alguna, el convenio se somete directamente a conocimiento del Pleno y no es necesario decidir si hace falta autorización o no.