Ha sido sin lugar a dudas una de las noticias de la semana. Lo que parecía ser verdad y despertó la indignación y el enfado de muchos ciudadanos no ha terminado siendo más que una mentira con la que esconder una infidelidad.

Fue el pasado domingo cuando el joven de 20 años denunció a la policía haber sido agredido por ocho personas, quienes supuestamente le habían grabado con un cuchillo en el glúteo la palabra "maricón". No obstante, los agentes de policía comenzaron a detectar flecos sueltos en la investigación al descubrir que las cámaras de la zona no habían detectado en ningún caso la presencia de los ocho presuntos asaltantes.

Tras varios interrogatorios, fue el pasado miércoles cuando el joven se derrumbó ante la policía y confesó la verdad: no había existido nunca la agresión. En su lugar, se había producido un encuentro sexual y las heridas habían sido consentidas. Al parecer, el joven malagueño había querido ocultar esta infidelidad a su novio y para no hacerlo, decidió que la mejor solución era la de crear una falsa agresión homófoba. Una decisión que podría tener consecuencias penales: hasta doce meses de multa por simulación de delito. Por ahora no hay más información sobre el desarrollo del caso, así como tampoco de la investigación del mismo. No obstante, la sociedad y más especialmente los colectivos LGTBI se movilizaron en favor del joven de 20 años y, tras conocer la verdad sobre el caso, no quisieron dar un paso atrás.

Fue el pasado miércoles por la noche cuando cientos de personas salieron a la calle y protestaron en el centro de Madrid, obviando por completo el caso de Malasaña y la verdad que horas antes había salido a la luz. Un caso, como venimos contando, que no solo hizo que la sociedad quisiera salir a la calle sino que también movilizó a los miembros del Gobierno.

Pedro Sánchez, al frente de la Comisión de delitos de odio

El caso de Malasaña ha resultado de lo más polémico y consiguió movilizar a todo el Ejecutivo central. No obstante, a pesar de conocer que la denuncia del joven era falsa, quisieron salir adelante con la reunión para combatir los delitos de odio. "Esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad. La realidad que sufren, por desgracia, personas de distintas orientaciones sexuales", argumentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La reunión ha concluido con una única decisión: crear grupos específicos contra delitos de odio dentro de las unidades de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Un nuevo órgano que servirá para evaluar el riesgo de este tipo de víctimas. Un funcionamiento similar al que ya se aplica en los casos de violencia de género.

La segunda decisión que se ha adoptado en esta reunión es la de reforzar los mecanismos de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) y las diversas comunidades autónomas.

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De hecho, durante el desarrollo de la reunión, también ha intervenido el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha apuntado la importancia de trabajar "específicamente" para atajar los delitos de odio del tipo que sean. El papel de Marlaska tampoco puede obviarse: tras conocerse la denuncia, el ministro salió en defensa del joven y se convirtió así en un claro defensor de la causa. Ahora son los partidos de la oposición quienes han pedido su dimisión y, especialmente, si conocía con anterioridad la nueva información que había aportado la Policía.

Lo cierto es que esta falsa denuncia ha puesto sobre la mesa un debate en un escenario que hasta ahora apenas habíamos conocido. Todavía no hay un informe definitivo de la policía y tampoco hay novedades del caso, lo que sí está claro es que el debate está servido y lo más probable es que no quede aquí.