La Abogacía del Estado ha pedido que Oriol Junqueras pueda ejercer como eurodiputado hasta que se suspenda su inmunidad. Una decisión que colisiona con el criterio de la Fiscalía, que se ha opuesto a la excarcelación del exvicepresidente de la Generalitat, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación en la sentencia del 'procés'.

La posición de la Abogacía del Estado ha recibido duras críticas, como la del portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, también abogado del Estado, que ha afirmado este lunes que "no se pueden negar" las injerencias del Gobierno en el informe de la Abogacía del Estado, a pesar de que la institución ha rechazado, en un inusual comunicado, cualquier intento de intromisión.

El propio Edmundo Val fue cesado por la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como jefe del Departamento Penal de la Abogacía del Estado por defender la tesis de la rebelión y no de la sedición en el juicio del procés, lo que le valió a Delgado su tercera reprobación en el Congreso.

Y es que, no es la primera vez que el presidente del Gobierno en funciones presume de controlar orgános del Estado. Así sucedió con la Fiscalía. En una entrevista en RNE, Sánchez  alardeó de que el Ministerio Público traería a Puigdemont a España, como si se tratara de un compromiso electoral, porque, según dijo, la Fiscalía depende del Gobierno.

Las palabras de Sánchez recibieron duras críticas de los fiscales, que se manifestaron indignados porque el Ministerio Público actúa con independencia y autonomía respecto del Gobierno, lo que implica que no cumple órdenes del Ejecutivo, a pesar de que el fiscal general del Estado sí es nombrado a propuesta suya.

El revuelo causado obligó a Sánchez a retractarse. Según dijo, la Fiscalía cuenta con el "respaldo" del Gobierno y Puigdemont sería juzgado "con imparcialidad".

Lo cierto es que de compartir el criterio de la Abogacía del Estado el Tribunal Supremo,  a Junqueras se le debería permitir tanto su desplazamiento a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para que adquiera la condición de eurodiputado, a pesar de estar condenado por sentencia firme del Tribunal Supremo a 13 años de prisión por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.