Ryanair ha anunciado este viernes que cerrará el próximo 8 de enero de 2020 sus bases en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Gerona, y que iniciará un despido colectivo de los 512 empleados.

Hasta la fecha los sindicatos, USO y Sictpla, que representan a los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair habían previsto una huelga para los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de septiembre para tratar de evitar el cierre de esas bases. La confirmación de las intenciones de la aerolínea de bajo coste irlandesa se ha producido mientras los sindicatos y la dirección negociaban los servicios mínimos para estas diez jornadas de paro.

El sindicato USO ha cifrado en 512 los posibles despidos que se realizarían de llevarse a cabo el cierre de las instalaciones de Ryanair, ya que entre tripulantes de cabina y pilotos suman 164 empleados en Girona, 156 en Tenerife Sur, 110 en Gran Canaria y 82 en Lanzarote. 

En el correo electrónico enviado a los empleados de Ryanair, la compañía justifica estos cierres por los retrasos en la entrega de los aviones Max, los efectos de un posible "brexit duro" y el descenso de beneficios del 41 % en el primer cuatrimestre del año con respecto a hace dos años.

Además, en el escrito firmado por la responsable de Recursos Humanos, Lisa McCormack, la aerolínea dice que tratará de "minimizar las pérdidas de empleo" a través "de traslados".

Para el sindicato USO la compañía está "desmantelando" sus bases en España porque aplicar la legislación laboral española "les sale más caro que contratar a nuevas tripulaciones" a través de otras empresas donde las condiciones son "más precarias". 

el secretario de organización de USO Ryanair, Jairo Gonzalo, asegura que "no se justifican" ni los cierres ni los despidos y que la empresa irlandesa tendrá que dar explicaciones a las autoridades españolas.

USO ha hecho un llamamientos a la administración para que obligue a Ryanair a cumplir la ley y han calificado la situación de "tomadura de pelo". Además han pedido al Ministerio de Fomento que decida sobre los servicios mínimos para las diez jornadas de paro previstas en septiembre, tras no llegar hoy a un acuerdo.