El Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) son los dos órganos institucionales pendientes que el PSOE y Unidas Podemos sí pueden intentar renovar sin el concurso del PP, ya que su elección sólo precisa mayoría absoluta.

Actualmente, son media docena las instituciones cuyo mandato ha caducado, entre las que figuran el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC) o el Defensor del Pueblo, y para poder renovarlas los socios de Gobierno, que sólo suman 155 votos en el Congreso, necesitan principalmente el apoyo de los 'populares', puesto que algunos de estos puestos requieren de mayorías cualificadas.

Según ha revelado este lunes el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en TVE, el líder del PP, Pablo Casado se comprometió el pasado agosto "prácticamente al 99%" a desbloquear la renovación del CGPJ o del Defensor del Pueblo, pero ha denunciado que después rompió "inexplicablemente" con su palabra.

Ante la "autoexclusión" de la que acusa al PP, Sánchez ha sugerido la posibilidad de articular mayorías parlamentarias con otras formaciones, si bien sólo podría intentar renovar el Consejo de RTVE y la CNMV, ya que en el resto se requiere un respaldo parlamentario inalcanzable sin el Grupo Popular y teniendo en cuenta que Vox veta toda negociación con el Gobierno.

EL CONCURSO PÚBLICO DE RTVE

En concreto, para el Consejo de Administración de RTVE lo primero que debe hacerse es reactivar el concurso público que comenzó en agosto de 2018 y que se 'congeló' en marzo del año pasado con la convocatoria de elecciones de abril, cuando los 20 candidatos mejor puntuados debían pasar por la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado para elegir entre ellos a los 10 que conformarán el Consejo (seis en el Congreso y cuatro por el Senado).

El último informe de los letrados de las Cortes, del pasado mes de junio, avaló el sistema del concurso público, pero abrió la puerta a que los grupos pudieran buscar candidatos entre todos los aspirantes admitidos, un centenar, y no sólo entre los 20 mejor puntuados.

Para ser elegidos consejeros, los candidatos necesitan un respaldo mínimo de dos tercios de la Cámara en primera vuelta (al menos 233 diputados), lo cual sería imposible sin el PP, pero en su defecto se permite su elección mayoría absoluta (176 diputados) en una segunda votación, con aval de cuatro grupos parlamentarios. El presidente de RTVE se elige en la Cámara Baja, de entre los 10 miembros directivos y con el mismo sistema de votación.

También sin el PP se podría intentar designar la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, vacante desde el fallecimiento, en junio de 2017, de la que hasta entonces había sido su titular, Esther Arizmendi. En este caso es el Gobierno quien nombra a su presidente por un periodo de cinco años y el Congreso lo debe refrendar en un mes por mayoría absoluta, esto es, con 176 votos.

CAPACIDAD DE VETO DE PP MÁS VOX

Sin embargo, para la renovación del Consejo del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional se necesita el concurso del PP ya que se requiere sumar al menos tres quintos en el Pleno del Congreso y el rechazo del Grupo Popular más Vox impide matemáticamente llegar a esa cota mínima de 210 votos.

El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos, y entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara, en ambkos casos con esa mayoría cualificada.

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El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del 'popular' Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".

Pendiente está también la renovación de los cuatro de los 12 miembros que conforman el TC que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó el pasado noviembre. Hace un año el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.

Tampoco es posible renovar sin el PP al Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde hace casi tres años y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Un resultado que debe ratificar el Senado en un plazo máximo de 20 días.

EL FROB Y LA CNMV, MÁS FÁCIL

En el ámbito económico, el nombramiento más inmediato es el del presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el fondo que pilotó el rescate en el sector financiero y responsable último de Bankia, y cuyo presidente, Jaime Ponce, concluyó mandato al frente de este organismo el pasado mes de julio. Durante el pasado estado de alarma, el Gobierno cambió la ley en uno de sus decretos leyes para combatir la crisis del coronavirus y habilitó a Ponce para continuar hasta el nombramiento de un sucesor.

En este caso, el candidato propuesto por la ministra de Economía, Nadia Calviño, deberá presentar sus credenciales ante el Congreso, pero no necesita aval parlamentario para que el Gobierno pueda formalizar su nombramiento.

Asimismo, en noviembre caducarán los mandatos del presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y de su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, que podrían repetir ya que pueden ser renovados por otro mandato porque la legislación establece la posibilidad de que cumplan dos mandatos de cuatro años y solo llevan uno. Sin embargo, ambos fueron propuestos por el Gobierno del PP, en la etapa de Luis De Guindos, mientras que tanto los socialistas como Unidas Podemos, hoy en el Gobierno, se opusieron a su nombramiento.