La Comisión de garantía del derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, conocida como GAIP, batió en 2021 un récord histórico con un total de 1.155 reclamaciones registradas, 262 más que el año anterior, según datos facilitados a Efe por el organismo.

Esta comisión independiente atiende de forma gratuita a cualquier persona que quiera reclamar si una administración de Cataluña, o cualquier entidad, organismo o empresa pública que dependa de dicha administración, no le facilita el acceso a una información pública que le haya solicitado.

El doctor en Derecho y consejero de la GAIP, Josep Mir, ha indicado que la tendencia es que "cada vez la gente presente más reclamaciones" porque también hay más solicitudes de información pública a las administraciones.

En el caso de la GAIP, el incremento de trabajo experimentado debido a esta realidad ha hecho aflorar algunos de los déficit "estructurales" de este organismo, creado en 2015, y cuya andadura se ha visto dificultada por las limitaciones presupuestarias y la falta de continuidad en el Parlament.

En la actualidad, ha detallado, disponen de una plantilla de doce personas, entre los cuales hay dos consejeros, que son los encargados de redactar, en base a argumentos jurídicos, las resoluciones a favor o en contra de facilitar la información requerida.

La ley establece que debe haber un mínimo de tres consejeros y un máximo de cinco, pero desde 2017 están bajo mínimos porque hubo dos personas que se jubilaron y otra dimitió cuando le surgió una oportunidad laboral.

En ese tiempo, la parálisis del Parlament -que es quien nombra a los consejeros- ha impedido la cobertura de las vacantes.

Fuentes parlamentarias consultadas por Efe señalan que está previsto solucionar esta situación en breve, pues los nombramientos de la GAIP están dentro de los acordados por PSC, ERC y JxCat a finales de año.

Más allá del lastre que supone la falta de manos para redactar las resoluciones a todos los expedientes, Mir ha defendido que el organismo sufre otras carencias de origen, "a su juicio más importantes", como la consolidación de una plantilla estable y suficiente.

Entre 2016 y 2017, con una media de alrededor de 500 reclamaciones anuales, la dirección general de la Función Pública estimó que el GAIP necesitaba a unas veinte personas -cinco consejeros y 15 funcionarios de apoyo- para atender todas las funciones que le competen por ley. EFE

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