Rafael Herrero.

El rebrote de "kale borroka" en Euskadi en apoyo al preso de ETA en huelga de hambre Patxi Ruiz ha aflorado las disensiones internas que arrastra la izquierda abertzale desde el fin de la violencia, justo en el momento en el que EH Bildu se lanza al ruedo de la "política real", incluso en Madrid.

En los últimos días, más de una decena de sedes del PNV, el PSE-EE, Podemos e incluso una de Sortu, el partido heredero de Batasuna, han sufrido ataques con pintadas en favor de este recluso, hospitalizado en Murcia tras 10 días en huelga de hambre y sed, una espiral de presión que dio un salto cualitativo con el ataque al domicilio de la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y con el sabotaje a un autobús con pasajeros en Azpeitia.

Una dinámica de "presión popular" en palabras de quienes la amparan, el Movimiento por Amnistía y Contra la Represión (ATA), que sitúa a EH Bildu frente a un incómodo espejo en la misma semana que ha decidido hacer valer sus escaños en el Congreso de los Diputados para atribuirse el mérito de una hipotética derogación de la reforma laboral.

Este acuerdo se firmó el mismo día que EH Bildu se negó a rubricar con el resto de grupos del Parlamento Vasco una declaración de condena por el ataque al domicilio de Mendia, lo que evidencia la fina línea por la que transita la coalición, entre la "realpolitik" y la necesidad de no agraviar a los presos de ETA y sus familias, el ámbito del que se nutre su oposición interna.

El preso en cuestión, condenado a 30 años de prisión por el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero, no es un recluso más. No está integrado en el colectivo de reclusos de ETA "oficial", el EPPK, que ha asumido la vía de EH Bildu hacia el final de la violencia, sino que rompió con la organización y fue expulsado en diciembre de 2017.

Ruiz publicó una carta el 6 de julio de 2016 en la que acusaba a la "izquierda abertzale oficial" de llevar a cabo una campaña de "acoso y persecución política" contra el Movimiento pro Amnistía y contra la Represión, y le reprochaba que "impusiera" a los reclusos su "adhesión forzosa" a determinadas decisiones adoptadas a través de "un debate interno injusto y fraudulento en sus foros y contenidos".

Este preso siguió los mismos pasos que un puñado de reclusos referentes del Movimiento Pro Aministía y Contra la Represión (ATA), un movimiento creado en la primavera de 2014, casi tres años después de que ETA anunciara el fin de su actividad terrorista, que mantiene reivindicaciones maximalistas de amnistía para todos los reclusos etarras y rechaza el tratamiento individualizado que acabó aceptando la "izquierda abertzale oficial".

Uno de los impulsores y principal referente de este grupo es Jon Iurrebaso Atutxa, uno de los representantes de ETA en la negociación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2005 y 2006. Aquel al que el expresidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, conoció como Robert en sus reuniones en Oslo junto con Juan Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera.

Iurrebaso, detenido en 2007, tras la ruptura de aquel proceso, y de nuevo en 2013, ha desarrollado una prolífica obra de artículos publicados tanto en la web del Movimiento Pro Amnistía como en otras páginas del ámbito independentista en los que ha llegado a tildar de "chivato" al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, o ha considerado el final de ETA como "una autentica rendición y entrega de todo el arsenal teórico y militar".

Además de este exrecluso, ATA cuenta con la adscripción expresa de varios presos que aún se encuentran encarcelados, como el propio Patxi Ruiz, Saioa Sánchez Iturregi, Jon Kepa Preciado, Ibai Aginaga, Daniel Pastor e Iñaki Bilbao Goikoetxea, quienes rompieron con el EPPK. Como portavoz, ATA cuenta con el vizcaíno Sendoa Jurado, un exboxeador condenado por actos de "kale borroka" a principios de la década del 2000.

Este movimiento, que ha aclarado en varias ocasiones que no está a favor del regreso de la actividad terrorista, constituye la punta de lanza del descontento de un sector de la izquierda abetzale con la línea oficial que representan Sortu y EH Bildu.

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Pero los presos no son el único campo en el que se libra esta disputa. En octubre de 2018 Ernai, organización juvenil de Sortu, e Ikasle Aberzaleak, el sindicato estudiantil de la izquierda abertzale, dejaron en suspenso su "alianza estrategica", lo que significó la ruptura de la organización de estudiantes con la línea oficial.

Estas tensiones internas explican la tardía reacción de EH Bildu ante la huelga de hambre de Patxi Ruiz, sobre la que se pronunció con un comunicado remitido a última hora del 19 de mayo, nueve días después del inicio de la huelga, casi a la misma hora en que desconocidos lanzaban pintura y octavillas contra el domicilio de Idoia Mendia.

El día después, EH Bildu sorteaba la condena del ataque a Idoia Mendia, aunque lo "reprobaba", pactaba con el Gobierno en Madrid y recibía el reproche de sus disidentes, que le acusan de intentar "frenar la presión popular" en favor del recluso.

ATA respondía así a Sortu, que había pedido al "entorno político" de Patxi Ruiz que actuara con "responsabilidad". Horas después desconocidos pintaron una "herriko taberna" en Bilbao con el lema "Sortu culpable".

Los ataques continúan y los partidos vascos, sobre todo el PNV, incrementan la presión para que EH Bildu se muestre más contundente y abandone una posición de tibieza que significa una fuga de agua para la coalición en las vísperas de una confrontación electoral a la que esperaba presentarse con una renovada imagen de partido influyente y útil para los ciudadanos.