La Mesa del Congreso de los diputados aceptó ayer tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesta por PSOE y Unidas Podemos. El máximo órgano de gobierno del Poder Judicial lleva dos años en funciones, puesto que el Congreso no ha sido capaz de llegar a un acuerdo para nombrar nuevos vocales en todo este tiempo.

La reforma que se tramita ahora ha sido impulsada desde los grupos parlamentarios y no desde el Gobierno para que pueda ser votada sin contar con informes del propio Consejo, y de la Comisión de Venecia, que es el órganos consultivo europeo experto en derecho constitucional.

Lo que pretende esta "reforma exprés" es limitar las atribuciones y competencias del CGPJ cuando está prorrogado -como es el caso actual-; en concreto, que no pueda hacer nombramientos. El profesor de Derecho Constitucional en la UNED, Carlos Vidal, considera una incoherencia que "el poder legislativo -el Congreso- ante su incapacidad de llegar a un acuerdo, en lugar de permitir al Poder Judicial que siga ejerciendo sus funciones con normalidad, le limita sus funciones".

Los principales partidos de la Cámara deben ponerse de acuerdo para renovar la composición del CGPJ, el mandato es de cinco años, pero Carlos Lemes, el presidente del órgano, lleva siete al frente de esta institución, y ha repetido en no pocas ocasiones su deseo de que se alcance el acuerdo para posibilitar el correcto funcionamiento de la Justicia. El profesor Vidal cree que la incapacidad para llegar a un acuerdo es del Congreso, por tanto, "es una ingerencia, si el Poder Legislativo tiene un problema, tiene que resolverlo el Poder Legislativo, tienen que llegar a un acuerdo".

Además, el experto en Derecho Constitucional da un paso más y explica que al limitar las competencias del órgano que nombra a jueces y magistrados, "se limitan derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y que se administre justicia a todos los ciudadanos". Vidal se refiere a que si quedan vacantes en cualquier Tribunal Superior de Justicia o en el Supremo y no se pueden suplir esas vacantes, "se está infringiendo el normal funcionamiento de la administración de justicia".

Esta reforma se va a tramitar por procedimiento de urgencia, que es un procedimiento especial por el que se reducen los plazos del proceso a la mitad. Lo acuerda la Mesa del Congreso a petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados, y tiene que justificarse y declararse formalmente.