En el marco de las negociaciones del Gobierno para conseguir el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales para 2022, el ejecutivo de Sánchez introdujo, 'in extremis' en el nuevo proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, la cuota lingüística del 6%. Este es el porcentaje de contenido del catálogo que las plataformas deben ofrecer en lenguas cooficiales del Estado, es decir, en catalán, euskera o gallego. Una cuota que, según el proyecto de ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros, solo se aplicaría a aquellas plataformas cuyo país de origen sea España, entre las cuales no se encuentra Netflix ni HBO, como exigían los independentistas.

Tras la aprobación del proyecto, ERC ha anunciado su rechazo a la redacción de la Ley Audiovisual y habla de "trampas" del PSOE para no cumplir su acuerdo de hace una semana. Una reivindicación que condiciona el apoyo de los catalanes a los PGE, pero, ¿puede el Gobierno obligar a plataformas como Netflix a cumplir con la cuota del 6%?

Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual

Aprovechando la presión de la UE para adaptar la nueva directiva europea, el Gobierno va a llevar al Congreso un nuevo proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. Esta normativa actualiza la vigente, regulando la actividad de las plataformas audiovisuales a demanda. Incluye nuevos mecanismos de verificación de edad y de calificación de contenidos, prohíbe la publicidad subliminal e impone restricciones horarias para ciertos tipos de anuncios. Además de esto, está la nueva cuota lingüística del 6%, que el Gobierno incluyó en el último momento tras su negociación con ERC. Un porcentaje que, si se acoge a la directiva europea, depende de la ubicación de la sede de la compañía y de un concepto llamado 'principio de país de origen'.

El principio de país de origen

Según la directiva europea, la sede central de las plataformas de vídeo a demanda se encuentra en el país del que son originarias, por tanto, aunque Netflix y HBO, entre otras, operan en España, son originarias de Estados Unidos. Un argumento en el que puede basarse el Gobierno para justificar el hecho de no obligar a las plataformas que no sean españolas a cumplir con la cuota de producciones en lenguas cooficiales.

Plataforma bajo jurisdicción

Sin embargo, la normativa europea acuña el concepto de 'plataforma bajo jurisdicción', que apunta que un estado puede incluir a ciertas plataformas en una lista de prestadores de servicio que se encuentren bajo su jurisdicción, en caso de que en un estado miembro de la UE se tome una decisión editorial. Esta lista de prestadores de servicios de comunicación debe estar actualizada y pueden incluirse ciertas plataformas en función de su grado de implantación en España.

¿Qué dice la Ley Audiovisual del Gobierno?

La nueva Ley Audiovisual recoge una serie de porcentajes que deben cumplir las plataformas españolas. Movistar o Filmin, entre otras, deben reservar un 30% de su catálogo a obras europeas. La mitad de ellas, es decir, un 15% deben estar en lenguas oficiales en España y en concreto, 4 de cada 10, lo que supone un 6%, tienen que ser obras en alguna lengua cooficial. Esta es la tasa que está generando la tensión entre el Gobierno y ERC, y es que los catalanes quieren imponerla a todas las plataformas, no solo a las españolas.

Desde la directiva europea, imponen ese 30% pero no dicen nada de las lenguas cooficiales, ese apartado es un añadido del Gobierno de Sánchez, para cumplir con las exigencias de los independentistas. Pero el conflicto no termina aquí, existen excepciones en Europa, que abrirían la puerta a imponer la cuota del 6% más allá de las plataformas españolas.

Excepciones al principio de país de origen

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Además del concepto de 'plataforma bajo jurisdicción', dentro de la normativa europea se admiten excepciones al principio de país de origen en materia de financiación. Esto significa que cualquier plataforma que ofrezca sus servicios en España debe contribuir a la financiación anticipada de la obra audiovisual europea. La cuantía obligatoria de financiación anticipada se calculará según los ingresos anuales, por lo que no afectará a todas las operadoras por igual. Desde ERC se basan en esta excepción, y piden incluirla en la cuota lingüística de los catálogos.