El presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su entorno familiar ha llegado al Congreso de los Diputados. El exdiputado de Ciudadanos, adscrito en el grupo Mixto, Pablo Cambronero, ha interpelado al Gobierno de Pedro Sánchez para que se investigue la presunta filtración de los datos fiscales del hermano de la presidenta madrileña después de que el propio Pablo Casado admitiera el pasado viernes en 'Herrera en COPE' que, a finales del pasado verano, recibió “una información con datos fiscales y bancarios” provenientes “de una institución pública”.

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??Por aclamación pública. Además redactada por una colaboradora habitual.

¿Hubo filtración de datos de la Agencia Tributaria sobre los datos del hermano de @IdiazAyuso?
¿Quién/es son los responsables de esta presunta ilegalidad?
¿Están a salvo nuestros datos personales en la AT? pic.twitter.com/BgD5IW01f7

— Pablo Cambronero ???? (@PabloCamPiq) February 23, 2022

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Estas declaraciones han puesto a la Agencia Tributaria en el punto de mira, sobre la que no se descarta que se abra ahora una investigación. Funcionarios de la Agencia consultados por COPE se han mostrado “sorprendidos” por el caso, y no dudan de que los datos fiscales de Tomás Díaz Ayuso “han salido de la Agencia Tributaria”.

También esgrimen que este uso indebido sobre los datos de carácter privado, con casi toda seguridad, “va a ser investigado” y que dados los controles de accesos y registros que están establecidos en la propia Agencia Tributaria, como el Servicio de Auditoría Interna (SAI), “hay muchas opciones de que se pueda dar con la persona que ha infringido la ley”. “El que entra, se la juega”, insisten.

A pesar de esta presunta filtración, la Agencia Tributaria –como detalla en su web– es responsable de todos los tratamientos de datos de carácter personal que se realicen en el desarrollo de su actividad, algo que lleva a cabo de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de los datos personales y de seguridad de la información. Para evitar estas filtraciones, desde el ente de Derecho público se rigen por una serie de medidas técnicas y organizativas que hacen muy complicado no dejar esa huella que desenmascare la alteración ilícita de datos con la intención de su comunicación al ser susceptibles de ocasionar daños y perjuicios personales.

“La persona que haya filtrado los datos comete un delito de revelación de secretos, cuya condena se agravaría porque se trata de un funcionario o un trabajador con un deber especial de vigilancia sobre esos datos”, ha declarado en conversaciones con COPE Álvaro Escudero, abogado penalista. Además, el experto también ha apuntado al artículo 197 del Código Penal para sostener que “si se consigue acreditar”, el encausado se podría enfrentar a penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación para ejercer ese trabajo de dos a seis años.

Escudero también ha querido corroborar que la Agencia Tributaria, a través del programa informático que utiliza, “registra absolutamente todos los accesos que hay, en qué momento se produce y desde qué ordenador o con qué certificado se accede a esos datos”. Al hilo de esto, ha asegurado que “a través de una investigación que abra la propia Agencia Tributaria se podrá esclarecer si alguna de las personas que trabajan para la Agencia Tributaria ha accedido de forma indebida a esa información”.

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Sobre esta cuestión, ha teorizado con que puede haber sido “un funcionario o un cargo de confianza”, ante lo que ha asegurado que no podemos destacar que se haya podido producir “algún soborno”. “Hasta que no se produzca esa investigación trabajamos desde las hipótesis”, ha admitido.

¿Están a salvo nuestros datos en la Agencia Tributaria?

El tratamiento de datos personales efectuado por la Agencia Tributaria para el cumplimiento de obligaciones legales son tratados de manera confidencial y con un carácter personalísimo. En este sentido, el derecho de acceso a esta información sólo puede ser ejercitado por el titular de los datos, quedando el ente de Derecho público obligado a rechazar cualquier petición que no sea formalizada por el propio interesado.

“Vamos a partir de la base de que sí están a salvo nuestros datos dados los controles de accesos y registros que están establecidos en la propia Agencia Tributaria y en los propios sistemas informáticos que lo rigen”, apunta el experto. “Salvo circunstancias muy especiales, consideremos que nuestros datos están a salvo”, ha remachado.