Más política y más militancia

Si en la primera semana del juicio vimos mucha política, mucha militancia y enfrentamiento, esta semana hemos visto más. Dos bandos muy marcados que se acusan mutuamente de la filtración. Se respira política por todos los lados. La Abogacía del Estado, defensora del Fiscal General, se quejaba del juicio mediático y paralelo que ha sufrido García Ortiz. Un caso que surgió en algunos medios de comunicación por decisión de alguien que el Tribunal Supremo tiene que dilucidar quién fue.

Un caso que saltó a la luz porque se supo que González Amador, a quien nadie conocía hasta ese momento, era el novio de Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid. Un caso que marcará un antes y un después, sea cual sea la decisión que tomen los 7 magistrados del tribunal. Tendrá diversas lecturas sea cual sea el fallo. 

Si García Ortiz es condenado, si es inocente, o si no se puede demostrar su culpabilidad porque borró voluntariamente su teléfono, algo que hace con periodicidad por la cantidad de información sensible que tiene. Es el jefe de 2.800 fiscales, dijo, y tiene información de toda la Fiscalía. Información confidencial, de casos que están bajo secreto. Terminó su interrogatorio con un alegato, “la verdad no se filtra, se defiende”.

Cuando el Supremo admitió el caso vio el posible delito en el correo que revelaba datos confidenciales de un ciudadano, de Alberto González Amador. El decano de la Abogacía madrileña, Eugenio Ribón, se refirió a la nota de prensa por la que se querelló. Reproducía partes literales del correo y eso causaba indefensión. Había provocado alarma y honda preocupación entre los abogados y sus defendidos. 

Una filtración que según los peritos de la UCO fueron dos. Una que fue a un medio de comunicación y otra a Moncloa, en referencia a Sánchez Acera tras enviar un pantallazo al entonces líder socialista madrileño, Juan Lobato. Los agentes de la UCO dijeron que todo se marcaba y se movía desde la Fiscalía General. Había urgencia por publicar la nota. Se veía el dominio del Fiscal General a todos los niveles, manifestaron. Y también la jerarquía.

La Abogacía del Estado, que defiende al Fiscal General, además de volver a pedir la nulidad del registro de la UCO en el despacho del acusado, aseguró que “García Ortiz es inocente de todas las acusaciones”. El letrado José Ignacio Ocio negó la mano de Moncloa en la actuación de su defendido. 

Sin embargo, el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, ve la utilización política. Convirtieron a su defendido en “moneda de cambio del Gobierno”. Todo ello afectó a su presunción de inocencia y acusa al Fiscal General. Le responsabiliza de la filtración y la Abogacía del Estado incrimina a González Amador por enviar la foto del correo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso. 

Y también apunta hacia la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra. Señaló que tuvo acceso al mail del litigio antes que García Ortiz. Quedó muy claro el enfrentamiento entre las dos fiscalías.

Y el Ministerio Público, que no acusa, llegó a la conclusión de la impunidad de García Ortiz porque en el caso de ser responsable la información ya se había publicado en varios medios. Así lo expresó la número 2 de García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que, por cierto, hizo un interrogatorio a su superior de tan sólo veinte segundos. Dos preguntas para decir que nada tiene que ver con la filtración del correo. Visto para sentencia. La sala se despejó.