Pedro Sánchez gobierna a golpe de decreto-ley: Aprueba de media al año el doble que Aznar y Rajoy

La legislatura de Pedro Sánchez bate récords con los decreto-ley. Desde que llegó a la Moncloa en 2018 ha aprobado 135. Son una media de 33 al año, el doble de los que se aprobaron durante los gobiernos de Aznar o Rajoy. Además, tiene el récord con 38 proyectos de ley tramitados por la vía de urgencia y 9 proposiciones de ley orgánica que podrían haber sido proyectos de ley e ir acompañados de los informes preceptivos. Procedimientos de urgencia que utiliza sobre todo en normas de contenido ideológico sobre el aborto, eutanasia, transgénero o la reforma del Poder Judicial.

Son normas que la Constitución contempla para casos de urgente necesidad, pero que Pedro Sánchez ha utilizado hasta el extremo de batir todos los récords de los presidentes de la democracia. "Yo he llamado a nuestro parlamentarismo como parlamentarismo difuminado, porque lo extraordinario, que es el decreto-ley, se ha convertido en la vía ordinaria", lamenta Agustín Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional.

En 2015, era Sánchez quien criticaba lo que calificó "decretazo". "Me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece, limitar el uso del decreto-ley", exponía entonces. También bate récords con cerca de 1.000 solicitudes de comparecencia que no han tenido respuesta.

Los decreto-ley

El Gobierno produce una media de tres reales-decretos mensuales. Esta forma de legislar lleva superando a la producción de leyes desde el año 2018. Mientras tanto, los Gobiernos de Mariano Rajoy, entre 2011 y junio de 2018, vieron convalidados 127 decretos-ley, 191 leyes ordinarias y 56 leyes orgánicas.

En el caso del presente ejercicio se han aprobado como reales decretos asuntos tan destacados como el que establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos; el de mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar; o el que regula la adopción de medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral, transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.