Pablo Iglesias es el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Su cartera viene desgajada de lo que antes era Sanidad y algunas competencias de Presidencia, con la intención de unir todas aquellas labores en política social bajo un único ministerio (y para dar cabida a las ansias de poder del líder de los 'morados'). Habitualmente existe un error de pronunciación con el cargo de Iglesias y este ha preparado una 'clase' en el Congreso para explicar cómo se debe hacer, aunque en su explicación ha cometido algún error.

Iglesias te explica cómo pronunciar su cargo

En concreto, el vicepresidente Iglesias ha explicado lo relativo a cómo se debe pronunciar Agenda 2030.

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Pablo Iglesias pide que se diga "Agenda dos mil treinta", en lugar de "veinte treinta": "Siento ser tan quisquilloso" #Agenda2030pic.twitter.com/iEvOog0Dr4

— El HuffPost (@ElHuffPost) June 4, 2020

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"Perdonen que insista, se dice, por desgracia mucho, agenda veinte treinta que es una equívoca traducción del inglés veinte thirty en inglés puede significar dos mil treinta, en castellano no y se trata de objetivos de desarrollo sostenibles pensados para una década, por tanto como vicepresidente de derechos sociales y agenda dos mil treinta discúlpenme que se tan quisquilloso y que insista en que no digan veinte treinta, digan por favor dos mil treinta", ha explicado Pablo Iglesias.

Lo cierto es que no le falta razón en que en español no se puede decir "veinte treinta" para hacer referencia a la cifra "dos mil treinta". En inglés es común que se dividan los años en las dos cifras y es así como 1980 se puede pronunciar "nineteen eighty", lo que literalmente en castellano se traduciría por "diecinueve ochenta".

El error de Iglesias en su explicación

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Lo que ocurre es que, en la 'clase' de pronunciación que el vicepresidente ha brindado, ha dicho: "veinte thirty en inglés puede significar dos mil treinta". Es comprensible que se trate de un lapsus, puesto que, en todo caso, en inglés se diría "twenty thirty" y no "veinte thirty", como explicó el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda dos mil treinta.

¿Qué es la Agenda 2030?

Cuando conocimos que entre las atribuciones que Pablo Iglesias estaría la supervisión de la Agenda 2030, muchos se preguntaron, ¿en qué consiste esta agenda?

La Agenda 2030 es un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas iniciado en el año 2015 en el que 193 países, entre ellos España, se comprometieron a lograr 17 objetivos de cara a 2030. Estos objetivos, según puede leerse en la web oficial de este proyecto, “persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible”. En otras palabras, se trata de “un nuevo contrato social global” que pretende “no dejar a nadie atrás”.

Los mencionados 17 objetivos de la agenda tienen que ver con el fin de la pobreza y el hambre, la mejora de la salud y el bienestar, el logro de una educación de calidad o avanzar hacia la igualdad de género. El proyecto también pretende mejorar las condiciones de agua limpia, de saneamiento, de energía asequible y no contaminante, así como del “trabajo decente” y del crecimiento económico.

La ONU y los países firmantes del acuerdo se proponen con especial empeño las acciones ecológicas, como el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, la producción y el consumo responsables o la protección de la vida submarina y de ecosistemas terrestres.

La Agenda 2030 está dirigida por un Alto Comisionado, creado expresamente con el objetivo de coordinar las actuaciones para el cumplimiento de la Agenda. Se encarga de realizar el seguimiento de los órganos de la Administración General del Estado para cumplir los 17 objetivos y de impulsar el desarrollo de planes y estrategias dirigidos a implementar la Agenda 2030.

La comparecencia de Pablo Iglesias

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reclamado el consenso para avanzar en esta etapa de reconstrucción hacia "un sistema de cuidados y atención a la dependencia público y de calidad", frente al de privatizaciones que han colocado a los mayores "en una situación de enorme vulnerabilidad".

Durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, Iglesias ha apostado por la necesidad de emprender "medidas de fondo" ante la evidencia de que "las medidas extraordinarias de apoyo a las comunidades autónomas para que tuvieran más instrumentos para proteger las residencias en esta crisis, no abordan las carencias estructurales que han quedado al descubierto en toda su magnitud a raíz de la pandemia".

"Hoy es un consenso transversal que las privatizaciones, la precariedad en la que trabajan quienes cuidan y los recortes de más de 5.000 millones de euros en el Sistema de Atención a la Dependencia acumulados desde 2012, han colocado a nuestros mayores en una situación de enorme vulnerabilidad". Para Iglesias, la reconstrucción social y económica debe incorporar "ese consenso y avanzar en la dirección de reconstruir un sistema de cuidados y atención a la dependencia público, de calidad y con profesionales que trabajen en condiciones dignas".

Durante su intervención, el vicepresidente ha reprochado a la diputada popular Alicia García y a la de VOX María de los Reyes Romero que le siguieran exigiendo responsabilidades por las muertes de mayores en residencias, cuando el ejecutivo madrileño de la presidenta Isabel Díaz Ayuso dio la orden de no hospitalizar a pacientes de residencias. Iglesias ha señalado un documento "que demuestra que había órdenes del Gobierno de Madrid de rechazar el traslado de ancianos a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia".

¿De quién es la responsabilidad?, ha preguntado Iglesias, quien ha lamentado la poca "vergüenza" de las parlamentarias por mantener la responsabilidad del Gobierno respecto a los centros residenciales. Ha insistido en que la competencia es de las comunidades autónomas y en que el Gobierno reforzó esas competencias durante el estado de alarma, por lo que esas regiones podrían haber actuado para inspeccionar e intervenir las residencias.

El vicepresidente también se ha referido a unas declaraciones del consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que lamentó públicamente que la presidenta le había quitado la competencia de las residencias "y calificó de inmoral e ilegal la orden de Ayuso de no trasladar a ancianos a hospitales, lamentando que las órdenes se distribuyeran en contra de su consejería".

"El consejero de Ayuso se mostró a favor de crear una comisión que analizara la mortalidad durante la pandemia", ha añadido. Para Iglesias esas decisiones del gobierno popular madrileño son "un escándalo" y prohibir el traslado de ancianos a los centros hospitalarios "ha costado muchas vidas".