La magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, publicó este martes un auto en el que rechazaba la desestimación de la causa que investiga la implicación del Gobierno a la hora de autorizar la manifestación del 8M, tal y como lo había solicitado la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La investigación, por tanto, sigue en pie. Además, la juez mantuvo su intención de llamar a comparecer al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que será interrogado este miércoles por Medel en calidad de investigado.

Pero en su auto Rodríguez-Medel no se ha limitado a responder a la solicitud que le remitieron Fiscalía y Abogacía, sino que se ha quejado en varias ocasiones de las "demoras" y "reticencias" que "de manera sistemática" ha mostrado el Gobierno a la hora de colaborar con la investigación.

Precisamente uno de los elementos de la causa por los que la abogada del Estado Rosa María Seoane puso en tela de juicio la instrucción de Rodríguez-Medel fue el hecho de que la magistrada exigiera plazos de entrega a la documentación que había solicitado a diversos órganos del Gobierno. Una de estas instituciones fue, en concreto, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige Fernando Simón.

La respuesta de la juez en el auto viene a explicar que la Policía Judicial de la Guardia Civil encontró "dificultades para que la documentación fuera entregada cuando por este órgano judicial no se fijaba plazo". "Había reticencias, en definitiva", sentencia la magistrada en el documento. Ese fue el motivo, continua Rodríguez-Medel, por el que la jueza, tras haber recibido las quejas de los agentes, optó por pedir plazos de entrega, para "evitar dilaciones injustificadas en la remisión de la documentación". Este sistema, añade la juez, "ha resultado eficaz para poder recabar finalmente (en ocasiones, tras no pocos esfuerzos) la documentación necesaria".

Fernando Simón: "Si hubo demora no fue intencionada"

Por su parte, Fernando Simón, fue preguntado este miércoles en su rueda de prensa diaria sobre las quejas de la juez acerca del retraso en la remisión de la documentación. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias aseguró no tener ninguna información oficial sobre este procedimiento judicial y precisó que la única que tuvo fue la "requisión de información". Dijo no recordar en qué fecha le llegó la petición, pero sí que estaba en una "situación complicada de trabajo" porque era el "momento álgido" de la epidemia y "se hizo lo que se pudo".

Asimismo, recuerdó haber tenido varias conversaciones con los agentes que le presentaron el requerimiento sobre cómo tenían que presentar los documentos y afirmó que "básicamente" siguió todas sus instrucciones.

"No sé si hubo demora o no y si la hubo no fue intencionada", remachó al respecto. No obstante, se justificó alegando que los agentes que solicitaron la información no son epidemiólogos y tuvieron que aclarar qué es lo que solicitaban. "No sé más al respecto", señaló.

El cese de Pérez de los Cobos

El retraso a la hora de enviar la documentación no es sino la última forma que se ha conocido en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de entorpecer la causa iniciada por la juez Rodríguez-Medel y que amenaza con judicializar la dudosa forma en que el Ejecutivo afrontó los primeros momentos de la pandemia.

Sin duda, la más relevante de estas injerencias se produjo cuando la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, contactó con el jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, para conocer detalles sobre el informe que el Instituto Armado estaba elaborando para la juez. La negativa del coronel de desvelar ningún detalle, con arreglo a la ley, derivó en su cese, una destitución que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó por una supuesta "pérdida de confianza".