El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado hoy la aplicación del tercer tramo de la equiparación salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. La decisión ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y supondrá un gasto de 247 millones de euros para la subida de sueldos de los agentes.

Esta subida salarial se anuncia justo el día que ha dimito el Director Operativo de la Guardia Civil, el DAO, Laurentino Ceña. La aplicación de este tercer tramo de subida salarial para equiparar los sueldos a los de las policías autonómicas se realizará en los próximos meses pero con efecto retroactivo al uno de enero, según ha precisado el ministro.

Las dos actualizaciones anteriores se produjeron en octubre de 2018 y en abril de 2019 y también lo fueron con efectos retroactivos a uno de enero. Ambas sumaron 560 millones, a los que se añadirán ahora otros 247 millones.

El ministro ha desvinculado, sin embargo, la ejecución del acuerdo sobre la equiparación salarial con esos cambios. Así ha asegurado que era un compromiso del Gobierno, se ha negociado con distintos Ministerios y el asunto se abordó en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que el pasado jueves preparó el Consejo de Ministros.

El acuerdo del Consejo, ha explicado, permite completar el acuerdo para la equiparación salarial alcanzado en 2018 con sindicatos y asociaciones de la guardia civil y de la policía nacional, cuyos miembros verán finalmente incrementadas sus nóminas un 20 % respecto a los salarios que percibían antes del pacto.

Tras hacerse efectivos los dos primeros tramos en 2018 y en 2019, con los 247 millones de euros habilitados hoy el proceso alcanza los 807 millones euros fijados en el acuerdo inicial.

El reparto del nuevo tramo se hará efectivo en los próximos meses en las nóminas de los agentes, pero con efectos retroactivos a 1 de enero de este año.

Según ha apuntado Marlaska, los agentes no han pedido este tercer tramo por "su coherencia y solidaridad" en estos meses "difíciles y complejos", pero el Gobierno era consciente de la necesidad de hacer "un esfuerzo complementario" para ejecutar el compromiso alcanzado en 2018 con unas fuerzas de seguridad, cuyo trabajo y profesionalidad reconoce la sociedad.