Marchena y otros jueces del 1-O se apartan de recursos a condena a la Mesa del Parlament

Cinco magistrados del Supremo, entre ellos Manuel Marchena, se han apartado de los trámites por los recursos que miembros soberanistas de la Mesa del Parlament en 2017 y la consellera Meritxell Serret presentaron contra sus condenas por desobediencia, ya que intervinieron en causas vinculadas al 1-O.

En varios escritos, a los que ha tenido acceso EFE, el presidente de la sala penal del Supremo, Manuel Marchena, sus compañeros en el juicio a la cúpula del procés Andres Martínez Arrieta y Antonio del Moral, así como Carmen Lamela y Leopoldo Puente, que intervinieron en causas sobre el 1-O, se abstienen de participar en la resolución de los recursos de los condenados, que paralelamente están pendientes de si se les aplica la amnistía.

El Supremo suspendió el pasado 11 de julio la resolución de los recursos contra las condenas a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó, Lluís Maria Coromina, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, así como de la consellera de Acción Exterior en funciones, Meritxell Serret, después de que varios de ellos les recusaran al cuestionar su imparcialidad.

En su escrito de respuesta, Marchena asegura, al igual que sus compañeros en el tribunal del juicio a la cúpula del procés, que aunque "no concurre causa específica para abstenerse", decide apartarse de la resolución del recurso "a fin de evitar cualquier temor" de las partes sobre su parcialidad.

Por su parte, Carmen Lamela se aparta de la decisión sobre el recurso porque cuando estaba en la Audiencia Nacional participó en la instrucción de la causa del procés en que estaban investigados miembros de la Mesa del Parlament y la propia Meritxell Serret.

En el caso de Leopoldo Puente, el magistrado de la sala segunda del Supremo se abstiene aunque cree que no concurre causa para hacerlo, ya que intervino en un trámite previo para legitimar a la Abogacía del Estado como acusación particular en la investigación a Serret por desobediencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Serret a un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.

También el mismo tribunal condenó a 4 meses de inhabilitación y 1.200 euros de multa por un delito de desobediencia a Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, que formaban parte de la Mesa del Parlament en septiembre de 2017 que tramitó el referéndum y las leyes de desconexión, bajo la presidencia de Carme Forcadell.