Hace escasamente un mes desde que se cumplió el ecuador del presente año 2021, y el Ejecutivo ya está comenzando a negociar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, los cuales son indispensables para la continuidad de un Gobierno que cuenta con un respaldo parlamentario endeble.

Para asegurarse la aprobación de los PGE, el Gobierno de Sánchez ya ha comenzado los contactos con sus socios nacionalistas y separatistas cuyos votos son necesarios para la tramitación parlamentaria. Para ello, el Gobierno, según el diario La Razón, estaría dispuesto a cederles el control directo de más de un cuarto del dinero que el Gobierno recibirá de los fondos europeos, a fondo perdido.

El montante ascendería hasta los 20.500 millones de euros los cuales serían repartidos entre el País Vasco y Cataluña. España recibiría en 2021 la cantidad de 19.000 millones, de los 70.000 millones planeados en total y, los 50.000 millones restantes, continuarían llegando en 2022 y 2023.

A pesar de que el reparto de la lluvia de millones planeada por Bruselas se debería configurar en función a los proyectos presentados, los socios nacionalistas confían en que Sánchez pueda saltarse este trámite y reparta el dinero en función al peso de sus territorios en España. Es por eso, que a Cataluña le corresponderían 14.000 millones por su tamaño dentro del país y al País Vasco le adjudicarían los 6.500 millones restantes, según informan fuentes nacionalistas a La Razón.

A pesar del trato de favor tan significante que el Gobierno está dispuesto a brindarles a sus socios parlamentarios, sus demandas no se quedarán ahí, e insistirán en demandar las inversiones que les corresponderían normalmente en los presupuestos y, además, que el Ejecutivo complete la asignación del gasto ya pactado que todavía no ha sido completado.

Las negociaciones no se limitarán tampoco a la mera cuestión económica, también habrá peticiones políticas en las que se enmarcarían las transmisiones de competencias y las ya previsibles demandas, de lo que los independentistas denominan "derecho a decidir", lo que en concreto se traduciría en referéndums de autodeterminación.

Que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos pueda finalizar la legislatura depende de la aprobación de los presupuestos de 2022, pues la llegada de los fondos europeos es indispensable para la reconstrucción económica de una España que nunca había sufrido una contracción económica tan grande en tiempos de paz.