“Renuncia, abandono de un empleo o de una comisión”. Este es el significado de la que quizá sea la palabra más recurrente entre los españoles cuando se trata de hablar de política: dimisión. Un término que nunca pasa de moda y que, por unos motivos u otros, suele tener mucha cabida en las discusiones sobre los miembros del Gobierno de turno.

El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez no es ajeno a esta realidad, como bien ha quedado evidenciado en las últimas horas. También en los últimos meses (2020 ha sido un dolor generalizado). Es por eso que cabe preguntarse quiénes podrían ser, por el transcurso de los acontecimientos, los integrantes más 'dimitibles' del gabinete del PSOE y Unidas Podemos.

A día de hoy, ningún integrante del Gobierno de coalición ha dejado vacante su cartera. Lo que no quita para que haya, según algunos, candidatos a hacerlo por sus 'méritos'.

Pablo Iglesias

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 está en el centro de todas las miradas desde este miércoles, ya que el juez del caso Dina ha pedido al Tribunal Supremo que se le investigue por varios delitos: denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos.

La implicación de Iglesias en una de las partes del caso Villarejo, protagonizada por la ya famosa tarjeta del móvil de su exasesora, Dina Bousselham, es fatal para muchos. De hecho, ya se le ha recordado lo suyo la frase que pronunció en 2016 para hablar de cómo respondería a la corrupción en Podemos: “Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto”.

Salvador Illa

El ministro de Sanidad ha quedado sometido a una exposición pública inmensa desde marzo, cuando el coronavirus revistió ya una gravedad inapelable en España. La gestión de la pandemia por parte del Gobierno no ha gozado de demasiada aprobación. Y, por tanto, tampoco la labor de Illa.

Sin embargo, puede que sea en las dos últimas semanas cuando más desgaste ha podido acusar su figura. El enfrentamiento entre el Ejecutivo central y el de la Comunidad de Madrid, con la orden ministerial anulada por el TSJM como epicentro, no ha jugado a su favor. Si a esto le unimos otros episodios (las idas y venidas con algunas medidas, el comité de expertos inexistente, la falta de protección para el personal sanitario que ahora estima parcialmente el Supremo...), no parece que el crédito de Illa, para la opinión pública, pase por su mejor momento.

Fernando Grande-Marlaska

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El Ministerio del Interior fue el epicentro de uno de los momentos más controvertidos del país durante el estado de alarma. Todo vino por el cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid: se negó a filtrar la investigación del 8-M (otro punto crítico relacionado con la pandemia).

En su momento, Marlaska y su equipo dieron varias versiones sobre lo ocurrido: “Un proceso normal de sustitución de los equipos”, “Pérdida de confianza”, la consideración de que Pérez de los Cobos mintió “en el transcurso de la fase de investigación”, la búsqueda de “personas neutrales” para la organización...

La renuncia del número dos de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, y el cese del número tres, Fernando Santafé, avivaron más la polémica. También la aprobación del último tramo presupuestario para la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil, que fue vista como un intento de acallar las protestas.

Antes del cese de Pérez de los Cobos, Interior también tuvo que 'apagar' el fuego provocado por el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago: este, en una de las ruedas de prensa oficiales para valorar la pandemia, llegó a declarar que había que “evitar el estrés social” producido por los bulos sobre el coronavirus y “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

Entre una controversia y otra, Marlaska quedó muy señalado. En abril y mayo, fue uno de los ministros que más atención generó debido a esos momentos críticos para Interior.

José Luis Ábalos

El titular de Transportes acaparó unos cuantos titulares entre finales de enero y principios de febrero. Su encuentro en el Aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tuvo la culpa: la mandataria tiene prohibida la entrada en los territorios que están dentro del espacio Schengen.

En un primer momento, Ábalos negó haberse reunido con Rodríguez. Más tarde, lo reconoció, aunque tildó la cita de mero saludo (eso sí, de “20 o 25 minutos” de duración), con intento incluido de que la vicepresidenta venezolana no bajase de su avión. Sin embargo, después se supo que ambos mandatarios también conversaron durante 20 minutos en una de las salas VIP de Barajas.

Al descubrirse todo, el número tres del PSOE recibió críticas numerosas y de todos los colores. Aun así, mantuvo su puesto en el Gobierno.

Alberto Garzón

El ministro de Consumo ha estado en el candelero de forma reciente. Todo vino a colación de la ausencia de Felipe VI en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, que se celebra en Barcelona. A finales de septiembre, se habló de veto del Gobierno al Rey en Cataluña debido a la proximidad en el calendario del 1-O. Y Garzón quiso opinar al respecto.

“La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible”, escribió en Twitter. La misma red social en la que Pablo Iglesias compartió entonces un comentario muy parecido al suyo.

Tampoco pasaron desapercibidas las palabras que el coordinador de Izquierda Unida dedicó, en mayo, al turismo. En aquel momento, Garzón consideró que este sector es “estacional, precario y de bajo valor añadido”, ganándose la animadversión del mismo.

Teresa Ribera

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también ha sido objeto de polémica últimamente, aunque su caso ha pasado un tanto desapercibido. Durante ocho meses (entre septiembre de 2012 y mayo de 2013), Ribera ocupó un cargo directivo en Isofotón. Esta empresa energética malagueña es investigada hoy por haber recibido 80,5 millones de euros mediante ayudas a fondo perdido y préstamos irregulares de la Junta de Andalucía cuando el PSOE gobernaba la región.

Se ha apuntado que la vicepresidenta llegó a Isofotón después de que se recibieran las ayudas y que desconocía “absolutamente” la situación de la compañía. A pesar de todo, Ribera no elude la sombra de la duda.