El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta esta semana a la posibilidad de que el Congreso no valide por cuarta vez la prórroga del estado de alarma y ésta decaiga el próximo domingo 10 de mayo. Una situación que derribaría el plan de desescalada diseñado por el Ejecutivo para las próximas seis semanas y que devolvería a las Comunidades Autónomas competencias como la Sanidad o la Educación.

El líder del PP, Pablo Casado, ha dado el primer paso para retirarle el apoyo al Gobierno al considerar que "no tiene sentido" que el estado de alarma se prolongue "más allá de 60 días", ya que, a su entender, la desescalada "ya no necesita" este instrumento "excepcional" que limita derechos y libertades. "En los términos en que la conocemos no podemos apoyar la prórroga al estado de alarma", ha declarado Casado.

Sin estado de alarma, en vigor en España desde el pasado 15 de marzo, no habría según los expertos margen legal para restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos. De este modo, no sólo desaparecía el confinamiento en casa sino que además todas las personas tendrían el derecho de desplazarse a otras regiones de España si así lo desearan. Competencias tan importantes como la Sanidad o la Educación pasarían de nuevo a las Comunidades Autónomas, por lo que cada una de ellas asumiría la gestión de su red sanitaria y podrían decidir si abren los centros escolares lo que queda de curso. Por tanto, podría darse la circunstancia de que en algunas regiones los niños volvieran a las clases y en otras no se reiniciaria la actividad académica hasta septiembre. La apertura de tiendas, bares, restaurantes y lugares de ocio quedarían supeditadas también a cada CC.AA.

EL "PLAN B" SI NO HAY ESTADO DE ALARMA

Pedro Sánchez aseguró el pasado sábado que el Gobierno no maneja un "plan B" en el caso de que quede anulado el estado de alarma. Este lunes, Pablo Casado ha recordado que el Ejecutivo dispone de legislación básica para afrontar la actual situación derivada de la pandemia como la Ley de Salud Pública, la Ley de Protección Civil o la Ley de Seguridad Nacional.

La Ley de Salud Pública establece que podrá tomar de forma autónoma "acciones preventivas generales y adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible". El artículo 52 también especifica que "la autoridad sanitaria estatal" podrá "dictar disposiciones y tendrá facultades para actuar, mediante los órganos correspondientes en cada caso, en las actividades públicas o privadas para proteger la salud de la población". Esto le permitiría al Gobierno cerrar preventivamente instalaciones, establecimientos, servicios e industrias o suspender el ejercicio de actividades. Sin embargo, esas limitaciones no podrán aplicarse con carácter general y deberá contar con la "colaboración y coordinación interadministrativa"; esto es, con las Comunidades Autónomas.

¿QUÉ PASA CON LAS AYUDAS POR LOS ERTE?

En su intervención del sábado, Sánchez amenazó con extinguir las ayudas que reciben empleados que se encuentran en un ERTE o las ayudas que perciben los autónomos en el caso de que no se prorrogue el estado de alarma. "Es una una figura jurídica que somos conscientes que está protegiendo a más de tres millones de trabajadores, y somos empáticos a su realidad y a la de las empresas. Tenemos que convertir los ERTE en incentivos para la reactivación económica y la reincorporación laboral en las próximas semanas", aseguraba el presidente.

Casado ha afirmado que las declaraciones de Sánchez son un "chantaje a cuatro millones de españoles que están sin trabajar" al vincular la prestación de los ERTE y la liquidez a las empresas al estado de alarma. Según ha dicho, esto es algo que el PP "no puede tolerar" y "no hay nada de lo que hablar" con el Ejecutivo hasta que no deje claro en el Consejo de Ministros de este martes que eso se hará por otros cauces y quedará desvinculado del estado de alarma. En efecto, las ayudas por los ERTEs podrían mantenerse a través de la redacción de otro Real Decreto Ley, por lo que no es necesario que se mantenga vigente el estado de alarma.

SÁNCHEZ NECESITA UNA MAYORÍA SIMPLE

Para aprobar una cuarta prórroga del estado de alarma, el Gobierno necesita una mayoría simple en la votación del Congreso. A día de hoy, solo está confirmado el voto a favor del PSOE y de Unidas Podemos. La abstención del PP permitiría dicha prórroga, pero el voto en contra del partido de Casado obligaría a Sánchez a entenderse con sus socios de investidura para sacarlo adelante. Algo que no parece sencillo puesto que ERC y Bildu se abstuvieron en la última votación y el PNV ya tiene dudas de seguir votando a favor.