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Leopoldo López, sobre el informe de la UE para Venezuela: "Zapatero debería ser examinado por un psiquiatra"

El eurodiputado del Partido Popular y padre del líder opositor venezolano Leopoldo López Mendoza ha analizado en COPE la declaración preliminar de la MOE UE

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Madrid

Tiempo de lectura: 5'Actualizado 17:20

El pasado domingo, los venezolanos acudían a las urnas para participar de unas mega-elecciones regionales y municipales. Hasta 23 gobernadores, 335 alcaldes y los miembros de los consejos legislativos estatales y municipales dependían de esta convocatoria electoral única, la primera desde el año 2015 en la que la mayoría de las fuerzas de la oposición presentaban candidatos.

Los tres comicios nacionales anteriores —las votaciones para la Constituyente del año 2017, en las que se introdujeron un millón de votos falsos en las urnas ante la elevadísima abstención; las presidenciales de 2018, que no fueron reconocidas por las democracias occidentales; o las parlamentarias de 2020, en las que se llegaron a registrar la abstención de la oposición real— habían contado con el rechazo de la oposición debido al deterioro de las condiciones electorales en un contexto de represión contra disidentes y de violaciones de los Derechos Humanos.

Es por este motivo que las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre suponían una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a las elecciones en Venezuela. Ahora, apenas unos días después, hemos conocido que el proceso electoral mostró la persistencia de deficiencias estructurales, así como la carencia de garantías para llevar a cabo un proceso electoral o el inexistente respeto al Estado de derecho.

Así lo concluye la declaración preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) publicada desde Caracas. La jefa de la misión de observadores de la UE, la portuguesa Isabel Dos Santos, ha confirmado que en Venezuela “no se respetan los protocolos electorales”. El informe también advierte de que se registraron numerosas denuncias de coacción a los votantes y que se siguió observando el abuso del voto asistido en todos los estados del país, menos en Amazonas.

“Fue un evento electoral, pero no se puede denominar como unas 'elecciones'”. De esta manera es como define la jornada vivida el pasado domingo en Venezuela Leopoldo López Gil, eurodiputado del Partido Popular y padre del líder opositor venezolano Leopoldo López Mendoza, quien ha confirmado a COPE que “el único ganador fue la abstención, ya que el 70 por ciento del registro electoral no acudió a las urnas”.

El ‘Carnet de la Patria’ como aval electoral ante el régimen

El europarlamentario ha puntualizado que un hecho que evidencia el fraude es la vigencia del actual registro electoral, y que lleva sin revisarse “desde el año 2005”. Según Leopoldo López, este registro cuenta con “más de diez mil personas que superan los 100 años y que estén en capacidad de votar, algo muy difícil de creer”.

La misión de observadores ha constatado que, a pesar de la prohibición explícita del Consejo Nacional Electoral (CNE), la jornada estuvo marcada por la instalación de puntos rojos para controlar a los votantes en las 24 entidades estatales por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Leopoldo López ha estimado que estos puntos de control suponen una “compra vulgar del voto” donde “las personas que reciben ciertos beneficios del Estado, como puede ser la bolsa alimenticia, becas o subsidios, muestran el 'Carnet de la Patria', una identificación del régimen, para acreditar que han acudido a las urnas”. La MOE UE también señala en su informe que en el 23 por ciento de los actos del PSUV se llegó a presionar a los venezolanos para que asistieran. “En Venezuela existe un estado totalitario, abusivo e irrespetuoso con los Derechos Humanos”, ha afirmado López.

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La relación de Zapatero con el régimen de Maduro

El eurodiputado 'popular' ha querido valorar las declaraciones del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el aparato de propaganda del régimen de Nicolás Maduro situara al expresidente del Gobierno español como “veedor internacional” —al igual que a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos— de las elecciones regionales que se celebraron este domingo en el país.

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“Es una confirmación del idilio que mantiene el expresidente Zapatero con el régimen de Maduro”, ha expresado Leopoldo López durante la conversación con COPE, y ha aseverado que “es evidente que estas declaraciones encierran algo más que un simple razonamiento”. “El señor Zapatero se empeña en defender algo indefendible como es el empobrecimiento total de una nación a la que han sometido a la hambruna y de la que han huido más de seis millones de personas, es decir, lo que supone el 20 por ciento de la población”, y ha resaltado que el exlíder del PSOE “debería ser examinado por un psiquiatra o por unas autoridades judiciales”.

Respecto a la opinión que le merece los resultados de estas elecciones a su hijo, el líder opositor venezolano Leopoldo López Mendoza, el eurodiputado del PP ha confirmado a COPE que todavía no ha podido hablar con él, aunque hoy, ya con el informe en la mano, tienen emplazada una reunión. “En todo caso, no podemos estar satisfechos con el resultado e imagino que su opinión estará en este sentido”, ha remachado Leopoldo López Gil.

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El pluralismo mediático: otra amenaza en la Venezuela de Maduro

La persecución que sufre la libertad de prensa en Venezuela ha sido otro de los asuntos que aborda la declaración preliminar de la MOE UE. A pesar de que la Constitución venezolana garantiza la libertad de expresión, los medios de comunicación estatales dominan el panorama de los medios tradicionales en Venezuela. Estos han visto reforzada su gestión y financiación desde la creación en 2006 del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, dependiente del Ministerio de Información. Al mismo tiempo, las dificultades técnicas y políticas a las que se enfrentan los medios de comunicación independientes restringen aún más el pluralismo mediático. Los cierres administrativos, las incautaciones de equipos y el miedo a represalias, junto con la falta de ingresos publicitarios y la escasez de papel, han contribuido al empobrecimiento de los medios de comunicación privados.

Algunos medios de comunicación privados, antes críticos con el gobierno, han cambiado de propietario, y su actual línea editorial está ahora en línea con el gobierno. Algunas leyes ponen en peligro la libertad de los medios de comunicación. El organismo regulador de las comunicaciones (CONATEL) puede sancionar directamente a los medios de comunicación mediante exhortos, que suelen comunicarse por teléfono o en persona. Estos exhortos no requieren de una verificación judicial de la presunta infracción y pueden suponer la retirada de licencias o la suspensión de emisiones.

Además, la polémica Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público de 2021 no cumple con los estándares internacionales en materia de libertad de prensa, ya que exige justificar las solicitudes de información. Además, desde 2019 CONATEL bloquea los canales de noticias internacionales de la televisión de pago.

Según el monitoreo de la MOE UE, la cobertura de los candidatos del partido gobernante en la televisión estatal (VTV) fue desproporcionada, representando más de la mitad de todas las menciones y apariciones de candidatos en ese canal. A los candidatos de la Alianza Democrática (AD) le correspondió el 28 por ciento de las noticias y contenidos editoriales en VTV. Por su parte, los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estuvieron casi ausentes de la televisión estatal, y su cobertura mínima fue negativa.

Organizaciones de la sociedad civil describen la llamada Ley contra el Odio, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017, como la principal amenaza a la libertad de expresión en línea. La ley prevé duras penas de 10 a 20 años de prisión para quien públicamente “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia”. La ley no define estos términos, dejando un amplio margen de interpretación y limitando la seguridad jurídica.

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