La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha denunciado este miércoles que la causa abierta contra ella por una juez de Barcelona por supuestos delitos de prevaricación y fraude, entre otros, tiene una "motivación política" y ha lamentado que en "el Estado español haya presunción de culpabilidad y no presunción de inocencia".

Borràs se ha expresado en estos términos, en declaraciones a los medios, frente al Congreso, en donde ha acompañado al conseller de Políticas Digitales y Administraciones Públicas de la Generalitat, Jordi Puigneró, en el día en que la Diputación Permanente ha convalidado el decreto ley sobre seguridad digital.

La diputada y electa en los comicios del 10 de noviembre ha recordado que todas las explicaciones sobre la causa abierta las dio ya en el Parlament de Cataluña con "todas las pruebas", por lo que evitará a partir de este miércoles hacer más afirmaciones al respecto.

En respuesta a los medios, ha recordado también que en julio, a través de su abogado, denunció que la causa tenía "una motivación política" porque la juez, aun no pudiendo investigarla, continuó la instrucción, de ahí que pida la nulidad de la causa.

A su juicio, "lo que quieren es que estemos hablando de esto en vez de estar hablando del golpe de estado digital", que, ha comentado, se ha producido este miércoles en el Congreso debido a la convalidación del citado decreto.

Después de lamentar que en "el Estado español" haya "presunción de culpabilidad" antes que presunción de inocencia, la diputada ha criticado la pretensión de "combatir a los adversarios políticos" mediante "represión judicial".

"Lo grave es que la ley mordaza no se ha derogado y empezamos la nueva legistatura con una nueva ley mordaza digital", ha proseguido.

Estas declaraciones de Borràs tienen relación con la decisión de la juez de pedir al Tribunal Supremo que la investigue por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental.

Según la exposición razonada de la titular del Juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, elevada al Supremo, estos presuntos delitos los habría cometido durante su etapa como presidenta de la Institución de las Letras Catalanas, cuando, según los indicios recabados, adjudicó de forma "arbitraria" 18 contratos a un amigo.

Borràs es diputada y seguirá como tal en la próxima legislatura tras haber sido elegida en las urnas el 10 de noviembre. Por ello, es aforada.

Sólo el Supremo puede investigarla, para lo cual tendrá que pedir previamente un suplicatorio al Congreso.