La recuperación de la economía en plena convivencia controlada con el virus es ahora la prioridad de todos los países y con ese objetivo el Gobierno y los agentes sociales firmarán mañana un acuerdo por el empleo y el futuro económico, tras un Consejo de Ministros que aprobará nuevos avales para la solvencia de las empresas por valor de 50.000 millones de euros.

En vísperas de la negociación del fondo “salvavidas” europeo, los datos económicos del día, que muestran una cierta estabilización del maltrecho mercado laboral y un consabido mayo sin turistas, recuerdan la dureza de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, en una jornada en la que se ha informado de 5 muertes en las últimas 24 horas, 24 en los últimos siete días y 134 nuevos contagios, con lo que ya se superan los 250.000 positivos.

Antes de la pandemia, el procés acaparaba buena parte de la atención política, pero el coronavirus lo relegó a un segundo plano del que ha salido hoy al proponer las prisiones catalanas que se aplique el tercer grado, equivalente a la semilibertad, a los dirigentes políticos del 1-0 condenados por sedición, demanda que debe resolver la Generalitat y que se puede recurrir ante el Supremo, que como tribunal sentenciador tiene la última palabra.

LA VÍA DE LOS AGENTES SOCIALES

Tras el acuerdo del salario mínimo y el de los ERTE y sus dos prórrogas, el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT se disponen a firmar mañana una declaración por la reactivación y el empleo, que dará paso a una negociación con diversos ejes, desde el teletrabajo a la industrialización, los servicios públicos, la transición ecológica o las pensiones.

Las consideraciones y objetivos del documento serán la base de las negociaciones en la mesa del diálogo social, que impulsa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, que ha ido ganando visibilidad y peso a lo largo de la pandemia, pese a los recelos que planteaba de partida su nombramiento.

Este nuevo acuerdo del Gobierno y los agentes sociales tiene una clara lectura política en dos direcciones, la que conduce a la comisión parlamentaria de reconstrucción que está a punto de finalizar sus trabajos, con el PP en el centro de las negociaciones, y la que lleva a Bruselas en vísperas de definir el fondo “salvavidas” europeo, que Pedro Sánchez abordará previamente con sus homólogos de Suecia, Portugal y Holanda.

La cita en Moncloa con patronal y sindicatos estará precedida de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar, entre otros asuntos económicos, una nueva línea de avales por valor de 40.000 millones dirigidos a la economía digital y la ecológica y un fondo de 10.000 millones para rescatar empresas viables de carácter estratégico con problemas de solvencia por el impacto de pandemia.

Este último fondo dependerá de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda, y permitirá que el Estado entre de forma transitoria en el capital de compañías privadas.

Las nuevas medidas económicas se han conocido el mismo día que los datos del paro registrado en el pasado mes de junio, en el que hubo 5.170 desempleados más, al tiempo que se sumaban a las listas de afiliados a la Seguridad Social 68.208 y volvían a trabajar 1,2 millones de personas procedentes de los ERTE.

Los incentivos y los fondos puestos a disposición de los Gobiernos y las empresas repercutirán en un considerable aumento de la deuda pública que de forma ineludible llevará a una subida de impuestos, como hoy ha reconocido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha remarcado que la reforma fiscal es "inevitable" y que habrá aumentos de impuestos en los tramos más altos del IRPF, pero no se gravará más a las pequeñas y medianas empresas.

250.000 CONTAGIOS

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"Europa va muy bien, el resto del mundo va de regular a mal. En Europa, en la mayor parte de los países las tendencias son muy favorables, estamos todos en una fase de descenso agudo”, ha dicho hoy el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que ha informado de 134 nuevos contagios, con lo que se superan los 250.000 (250.103) diagnosticados mediante pruebas PCR desde que se inició la pandemia.

Cataluña con 28, Aragón con 26, y Madrid con 25 son las comunidades con mayor número de positivos en las últimas 24 horas, en las que se han contabilizado 58 focos activos con un porcentaje cada vez mayor de asintomáticos, superior al 60 por ciento en las últimas jornadas.

En algunas autonomías, ha señalado Simón, se detectan casos esporádicos, en otras, importados, y en otras, brotes, como sucede en Aragón, donde la magnitud de los focos y la población afectada, básicamente temporeros de la recogida de fruta, planteaba dificultades que obligaron al Gobierno regional a aplicar en las cuatro comarcas afectadas medidas restrictivas de la extinta fase 2.

Lo que más preocupa ahora a las autoridades sanitarias son los brotes de Lleida, que han llevado a la Generalitat a plantearse la posibilidad de decretar un confinamiento selectivo en alguno de los siete focos detectados con alrededor de un centenar de personas contagiadas, aunque en su mayoría son asintomáticas.

Simón ha subrayado a este respecto que "los casos ahora son más leves porque los grupos vulnerables están más protegidos” y ha habido un descenso importante de la edad de los contagiados: “Desde el 11 de mayo los nuevos casos tienen una media 50 años en mujeres y 47 en los hombres, cuando antes de esa fecha se situaba en 62 años en mujeres y 61 en hombres".

También se ve esta evolución favorable en las hospitalizaciones, que ahora están por debajo del 8 por ciento, cuando hace dos meses situaban en torno al 25 por ciento, y en los ingresos en las ucis, inferiores al 2 por ciento.

VUELVE EL PROCÉS

La pandemia ha cambiado muchas dinámicas y ha conseguido prácticamente ocultar aquello que parecía inocultable, el procés, que hoy ha vuelto al primer plano como relata para Efe Rossi García: Los líderes independentistas en prisión están cerca de acceder al régimen de semilibertad, que les permitiría ir a la cárcel solo a dormir, de acuerdo con la propuesta de las juntas de tratamiento de los centros donde cumplen condena, que debe ser ratificada por la Generalitat. Si luego se recurre la última palabra la tendrá el Supremo.

Las juntas de tratamiento de Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses -donde cumplen condena los exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los Jordis- han propuesto este jueves, por unanimidad, conceder el tercer grado a los nueve líderes del "procés".

Los condenados, a los que el Supremo impuso hasta trece años de prisión, llevan encarcelados entre dos años y medio y tres y, en el caso de los Jordis y del exconseller de Interior Joaquim Forn, han cumplido una cuarta parte de la pena.

Los reclusos accederían a la libertad en cuanto lo ratifique la Generalitat, aunque el tercer grado puede ser recurrido por la Fiscalía ante el juzgado de vigilancia y, a diferencia de lo que ocurre con el 100.2, la última palabra la tendría el Supremo, como tribunal sentenciador.

Hasta ahora, el ministerio público ha recurrido ante los tribunales desde los permisos puntuales concedidos a los presos hasta las salidas que se les han autorizado en virtud del 100.2 -ratificadas por los jueces de vigilancia en todos los casos revisados-, por lo que es previsible que también lo haga en el caso del tercer grado.