En la mesa redonda con otros portavoces parlamentarios en el marco del curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) en la madrileña Universidad Rey Juan Carlos, Rafael Simancas ha admitido que el gobierno de coalición está abusando del decreto-ley.

¿Qué es un decreto-ley?

Este procedimiento legislativo está recogido en el artículo 86 de la Constitución Española. El poder Ejecutivo lo puede utilizar para aprobar normas con rango de ley. Es una figura pensada para regular situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Además, estas normas deben tener un carácter provisional. A diferencia de los proyectos de ley, no se someten al procedimiento ordinario de aprobación de leyes. Solo necesitan la convalidación por el Congreso de los Diputados en los treinta días siguientes a su promulgación. De esta forma se agiliza el proceso para actuar rápido ante situaciones inesperadas. Pese a este requisito de excepcionalidad, el Gobierno de Pedro Sanchez ha empleado el decreto-ley en cincuenta y tres ocasiones desde que comenzó esta legislatura.

Decretos-leyes necesarios

Algunos de los decretos-leyes aprobados en esta legislatura están motivados por el coronavirus. Entendemos que la regulación de una pandemia se puede considerar como una situación especial que puedan necesitar de este procedimiento. Entre estos se encuentra el decreto-ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que regula cuestiones como los protocolos en el transporte público o de detección y actuación ante casos de Coronavirus.

También se puede ver una extraordinaria y urgente necesidad en los decretos que regulan las medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena".

Decretos-leyes innecesarios

En otras ocasiones, los decretos-leyes se han empleado para regular materias cuyo encaje en los preceptos constitucionales es más difícil. Uno de los más sonados fue el que aprobó del Ingreso Mínimo Vital. El texto intenta justificar así la necesidad de su aprobación: "la situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por el COVID-19, exigen la puesta en marcha con carácter urgente de un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional". Por otro lado, esta era una de las promesas que figuraban en el programa electoral del Partido Socialista, lo que puede llevar a pensar que se utilizó para evitar el debate parlamentario sobre esta medida. El Ejecutivo afirmaba que esta medida ayudaría a más de dos millones de personas en situación de pobreza, pero según los datos de Moncloa del mes de mayo, solo llega a 680.000.

El Estatuto de los Trabajadores también ha sido reformado a golpe de decreto-ley. Con el Decreto-ley 9/2021 se aprobó la conocida como Ley de riders. Por esta reforma, los repartidores de las plataformas digitales de reparto pasan de ser considerados autónomos a trabajadores asalariados. En la justificación leemos que se hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo "que impone, de lege ferenda" (para una futura reforma de la ley), "la adopción de una solución legislativa". Aunque el Alto Tribunal haya pedido que se regule esta situación, esta podría haberse tramitado sin el uso de esta figura.

Otra aprobación polémica fue la del decreto-ley de protección de los consumidores vulnerables. El texto se justifica en la necesidad de poder afrontar las graves consecuencias del empeoramiento de la vulnerabilidad de muchas personas consumidoras atendiendo a la actual coyuntura económica y social. Y la extraordinaria y urgente necesidad forma parte del juicio político y de oportunidad que corresponde al Gobierno. De nuevo, cabe la duda sobre si estas normas tienen la necesidad de ser aprobadas por decreto-ley.

Independientemente de su necesidad, el decreto-ley de protección de los consumidores vulnerables fue recurrido por el Partido Popular. La formación dirigida por Pablo Casado que considera que intenta proteger a los okupas. El decreto-ley suspende los desahucios y lanzamientos de personas económicamente vulnerables cuando no tengan alternativa adicional. Esto se aplicaría incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda.

¿Qué dice el Tribunal Constitucional?

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El secretario socialista afirmó también que en todas las legislaturas se ha abusado de esta figura jurídica y que este abuso es legítimo porque estas medidas son convalidadas por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales varios de estos decretos. En la sentencia que derrogaba parte del decreto ley 7/2019, que regulaba el alquiler, declaró que "solamente será constitucionalmente legítima si la norma reglamentaria no permite dar la respuesta urgente que requiere la situación que según el Gobierno es preciso resolver", por lo que la posterior convalidación en el Congreso no legitima el uso de este procedimiento legislativo.