Moncloa y el núcleo más cercano a Pedro Sánchez tienen ya la vista puesta en el próximo mes de mayo, no solo por las elecciones en la Comunidad de Madrid del día 4, también porque los seis meses de duración del estado de alarma llegarán a su fin el próximo 9 de mayo, una fecha en el que se tendrá que decidir si se opta por su prolongación o se pone punto y final y España comienza a afrontar una nueva etapa lejos de las restricciones de movilidad y toques de queda, al no ser que las comunidades autónomas recurran a la justicia para imponer restricciones de forma independiente.

El final del estado de alarma y las posibles negociaciones sobre su futuro estarán salpicadas de forma directa por la campaña y el resultado electoral en la Comunidad de Madrid, una resaca política que puede influir de forma directa en las negociaciones entre los partidos en el Congreso de los Diputados en caso de que Pedro Sánchez decida solicitar su ampliación, provocando una escena parecida a la vivida la pasada primavera cuando se empalmaron varias prórrogas del estado de alarma, con el apoyo destacado, entre otras fuerzas políticas, de Ciudadanos.

Desde el Gobierno se confía en que el próximo 9 de mayo la situación epidemiológica permita poner punto y final al estado de alarma, centrando todas las esperanzas en que durante este mes de abril la vacunación consiga alcanzar una velocidad de crucero, sobre todo por la deseada llegada de las vacunas de Janssen.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en una entrevista en RNE, no ha dado muchos detalles sobre la postura del Gobierno respecto al final del estado de alarma, más allá de que tienen esperanzas de que llegue a su fin y que cuando llegue el momento de tomar una decisión en firme "no escurrirán el bulto". En este punto, Calvo ha señalado que en España, al igual que en otros países de Europa y el mundo, existen desigualdades respecto a la pandemia en función del territorio, con unas zonas con incidencia más baja que en otras, por lo que estas variables se tendrán que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión el próximo mes de mayo.

La batalla política en Madrid, clave en posible futuro del estado de alarma

En el gabinete de Sánchez no se plantean por ahora centrarse en marcar una estrategia respecto al futuro del estado de alarma, pero son conscientes de que unas posibles negociaciones, en caso de que se quiera prorrogar, estarán marcadas por la situación política en Madrid. Es importante recordar que la resaca electoral en Cataluña provocó que se paralizase la mesa de diálogo entre Gobierno y partidos independentistas y también el acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El desgaste de la campaña en Madrid y el resultado electoral del próximo 4 de mayo puede despertar en Sánchez viejos fantasmas del pasado, los que le acompañaban en las diferentes negociaciones para prorrogar el estado de alarma cada 15 días. Por ello, el pasado mes de octubre, Moncloa decidió sacar adelante una prórroga de medio año para evitar acudir al Congreso de los Diputados cada 15 días para conseguir el apoyo necesario.

En caso de que Sánchez y su equipo decida buscar una prórroga del estado de alarma, tendrá que negociar su futuro en medio de la campaña electoral y las elecciones en Madrid, aunque tiene una salida: esperar al 5 de mayo y buscar una prórroga por el vía rápida. Eso sí, con los resultados electorales en la mano, algo que según las encuestas no serían favorables a Pedro Sánchez.

Sánchez tendría que negociar en un paisaje político con Pablo Iglesias de candidato de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid y enfrentándose de forma directa a Isabel Díaz Ayuso. También tendrá que mirar a Cataluña, donde ERC estará negociando o ya habrá formado gobierno y por otro lado a Ciudadanos, que se juega su futuro políticos en las próximas semanas. En este contexto Sánchez se vería abocado a intentar conseguir una mayoría que se ha ido desmembrando con el paso de las prórrogas, ya que en la primera consiguió 321 apoyos y en la última solo 177, con la oposición de partidos tan dispares como PP, Junts o Compromís.

A pesar de este panorama político, desde Moncloa se señala que el principal punto que marcará una posible prórroga del estado de alarma estará basado en los datos. Cuando el estado de alarma entró en vigor el pasado 25 de octubre en España había una incidencia acumulada de 361 por cada 100.000 habitantes. Ahora, a poco más de un mes, nos encontramos en 134. También el ritmo de vacunación que se impregne en las próximas semanas jugará un papel fundamental a la hora de toma una decisión firme.

Sin plan alternativo un año después

A todo ello se une el incumplimiento del Gobierno de presentar un plan alternativo al estado de alarma. Después de más de un año desde que entrara en vigor el primer estado de alarma, el Gobierno de Sánchez no ha presentado la legislación alternativa que prometió la propia vicepresidenta Carmen Calvo en el Senado, donde señaló que plantearían vías alternativas para no tener que recurrir a una medida tan excepcional ante futuros brotes.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De hecho, desde Moncloa se ha defendido el estado de alarma como la mejor "vía constitucional" para que las comunidades autónomas puedan imponer restricciones de movilidad y limitar derechos sin que la justicia pueda decir algo. Así que esta posición del Gobierno deja claro que no hay intención de trabajar en una alternativa legal al estado de alarma.

En caso de que el estado de alarma llegue a su fin, España regresará al pasado 24 de octubre. A partir del 10 de mayo si una comunidad autónoma quiere tomar medidas restrictivas deberá consultar a la justicia. Por tanto se dirá adiós de forma general al toque de queda, a las reuniones limitadas en espacios privados, aunque se puedan seguir manteniendo restricciones en espacios públicos y en locales comerciales y de restauración.

Tampoco habrá restricciones a la movilidad entre municipios y comunidades autónomas, aunque los gobiernos autonómicos sí que podrán establecer cierres perimetrales. En este sentido, si una comunidad autónoma quiere poner una restricción similar a las que están amparadas en el estado de alarma deberán preguntar primero a los jueces.