El exalcalde socialista de Puertollano Joaquín Hermoso Murillo y los entonces secretario y arquitecto técnico municipal de la Corporación serán juzgados la próxima semana en la Audiencia Provincial de Ciudad Real de un delito de prevaricación administrativa, por el que el fiscal pide para ellos 10 años de inhabilitación.

En la vista, que se ha fijado para el martes, miércoles y jueves, los tres procesados serán juzgados como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa por irregularidades en adjudicación de las obras de la plaza de toros (foso polivalente) de Puertollano, que fueron realizadas entre los años 2008 y 2011.

Por estos hechos, la Fiscalía demanda que los procesados sean condenados a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En cambio, el ministerio público ha considerado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra otras dos personas que habían sido investigadas por este asunto, una arquitecta y un aparejador, porque entiende que en las actuaciones practicadas no ha quedado acreditado que cometieran los delitos de tráfico de influencias y falsedad documental que figuraban en la causa.

En el escrito de acusación, el fiscal indica que Hermoso Murillo, el secretario J.L.V.C., y el arquitecto técnico municipal, E.A.M., procedieron a la fragmentación de las obras de la segunda fase del coso polivalente a pesar de que conocían que no había causas técnicas que lo justificasen.

Su pretensión era tramitar los distintos contratos sin publicidad adjudicándolos de forma directa, para lo cual "actuando en total connivencia", procedieron a informar y resolver a favor de la fragmentación en 69 expedientes la contratación de la realización de las obras, cuyo presupuesto ascendió a 2.598.451,54 euros, según el ministerio público

Y precisa que en relación a la ejecución de las obra en cimentación, graderío y barreras del coso polivalente, se tramitaron sin publicidad 36 expedientes por un importe total de 2.057.251,02 euros.

El representante del ministerio público califica los hechos como un delito de prevaricación administrativa, contemplado en el artículo 404 del Código Penal vigente en aquel momento, anterior a la reforma llevada a cabo en 2015.