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JUICIO PREVARICACIÓN

A juicio el exalcalde de Guadarrama acusado de prevaricación y coacciones

La Fiscalía de Madrid pide una condena de tres años de cárcel para el exalcalde de Guadarrama (Madrid) y exconsejero madrileño José Ignacio Fernández Rubio, por presionar supuestamente al propietario de una finca para que se la cediera a una empresa en la que el exregidor figuraba como abogado.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 12:15

La Fiscalía de Madrid pide una condena de tres años de cárcel para el exalcalde de Guadarrama (Madrid) y exconsejero madrileño José Ignacio Fernández Rubio, por presionar supuestamente al propietario de una finca para que se la cediera a una empresa en la que el exregidor figuraba como abogado.

Fernández Rubio, que se ha visto inmerso en los últimos años en varios procedimientos judiciales, será juzgado el próximo lunes por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid junto a quien fuese su teniente de alcalde, Miguel Rodríguez Bonilla, y el entonces jefe de Policía local del municipio, que se enfrenta a una petición de prisión de dos años por coacciones.

Por este último delito el ministerio público también acusa a los dos exdirigentes del municipio, además de por uno continuado de prevaricación, y reclama para ellos tres años de cárcel y 10 años de inhabilitación, según informa la Fiscalía.

El exalcalde, que también ocupó la alcaldía de Las Rozas y fue viceconsejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid en el Gobierno de Esperanza Aguirre, ya estuvo acusado de prevaricación hace años en relación a las permutas de unos terrenos en Guadarrama y resultó absuelto.

En este juicio, que estuvo fechado para el pasado mes de julio pero se suspendió, está acusado de llevar a cabo en 2007, junto a su mano derecha en el Ayuntamiento, una serie de conductas de forma "continuada" y en "connivencia" para presionar a un empresario con el objetivo de que les cediera o les vendiera una finca situada al lado de otra que era propiedad de la empresa Golden Hipotecario S.L., de la que el regidor era abogado y el teniente de alcalde, socio.

La Fiscalía sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que ambos paralizaban cualquier trámite que la víctima solicitaba en el consistorio, bien mediante llamadas de teléfono o "continuas" inspecciones policiales. De hecho, indica que ambos ordenaron al entonces jefe de Policía Local que ordenase a sus agentes vigilar continuamente la finca y denunciar cualquier irregularidad.

El 5 de abril de 2007 el exregidor llamó de nuevo al propietario, "y con la clara intención de doblegar la voluntad del mismo", le dijo que tenía que retirar la valla que había situado en la parcela para permitir que dicho terreno fuera utilizado como parking de un restaurante.

El acusado manifestó que si lo hacía no iba a tener problemas con nada de lo que solicitara al Ayuntamiento, pero que de lo contrario iba a denegarle todo, paralizarlo o no tramitarlo y que "crearía una sociedad con el fin de demandarle hasta que se cansara o se arruinase, así como que tendría a la Policía allí continuamente para que no pudiera mover ni una piedra".

La Fiscalía recuerda que en 2007, las sociedades Golden Arquitectura de Inversiones y Golden Hipotecario interpusieron cuatro demandas contra el empresario; en tres de ellas intervino el exalcalde como abogado "con el fin de desposeer al mismo de su finca y obligarle a realizar importantes desembolsos económicos".

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