Juez permite a hijo de Obiang declarar desde Guinea y las víctimas se oponen

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha accedido a la petición de Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, de poder declarar por videoconferencia el 28 de marzo como investigado por el secuestro y torturas de cuatro opositores con residencia en España, tras haber sido citado de forma presencial.

Los querellantes por contra se oponen y reclaman al juez que revoque esa nueva resolución, del pasado 7 de marzo, y vuelva a poner la citación presencial, dada su intención de pedir medidas cautelares para los investigados tras su comparecencia, tales como prisión provisional o bajo fianza, según el recurso que han interpuesto y al que ha tenido acceso EFE.

Las cuatro víctimas que fundamentan la querella son Julio Obama (recientemente fallecido), Martín Obiang, Bienvenido Ndong y Feliciano Efa, que denunciaron su secuestro en Sudán en 2020 para ser trasladados a la fuerza a Guinea Ecuatorial, donde fueron detenidos y sometidos a torturas.

Precisamente, el juez acordó en enero que se realizaran las gestiones oportunas para la repatriación del cuerpo de Obama, así como para recabar información sobre el estado de salud de los otros tres, lo que no ha recibido respuesta alguna de las autoridades ecuatoguineanas, según el oficio de Exteriores al que también ha tenido acceso EFE.

La representación de los querellantes destaca la nula colaboración con esta investigación y critica en su recurso que se tome declaración a Ovono Obiang y a los otros dos investigados mediante "la remisión de un link privado para que se conecten desde su domicilio o lugar indeterminado, y sin activar ninguna herramienta de cooperación jurídica internacional, como la preceptiva Comisión Rogatoria Internacional".

El recurso afea también a Pedraz que haya adoptado esta decisión sin pedir informe a las partes y recuerda que el criterio "asentado normativa y jurisprudencialmente" es que la declaración, teniendo en cuenta que es por delitos "muy graves", se debe realizar en forma presencial siempre que las partes pidan la celebración de la vista de medidas cautelares".

También denuncia que el hijo de Obiang "falsea" su situación personal, al afirmar que reside en Guinea, cuando "ha sido acreditado por la Unidad Policial (Comisaría General de Información)" que reside en Marbella, donde tiene una empresa.

Además, añade, "está casado con una ciudadana española, tiene una hija nacida en España, cuentas bancarias, propiedades e incluso se han analizado sus salidas y entradas" que ha llevado a la Policía a concluir "sin ningún género de dudasW, que es "residente en nuestro país".

El pasado 10 de diciembre, el juez rechazó detenerle después de que la Policía le informara de su posible llegada a España en Navidades y la de otro de los dos investigados en esta causa.

Lo que sí acordó fue el bloqueo de sus bienes en España, tras imponer una fianza de 300.000 euros por cada víctima.

Pedraz le ha citado finalmente este mes junto a otros dos querellados: el Ministro de Estado, Nicolás Obama, y el director de la Seguridad Presidencial, Isaac Ngema.

Mientras, la investigación ha seguido su curso y el ministerio de Exteriores, a través de su embajada en Malabo, ha hehco lo posible para repatriar los restos de Julio Obama.

Petición que asegura ha sido "reiterada incluso" por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "el reciente 16 de febrero" ante su homólogo Simeón Oyono Esono Angue, en Addis Abeba.

Tampoco se ha recibido información actualizada sobre el estado de salud y paradero de Feliciano Efa, que fue visitado hace un año por el embajador, "sin que se haya autorizado ninguna otra visita desde entonces", indica Exteriores.

Las autoridades guineanas, reporta, tampoco han respondido al requerimiento español en torno a los encartados como víctimas Martin Obiang Ondo y Bienvenido Ndong.

"Sin perjuicio de otras deducciones a las que pudiera llegar la Autoridad Judicial española, esta fuerza policial considera que, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados al más alto nivel por la diplomacia española, existe una notable falta de información y compromiso de colaborar por parte de las autoridades guineanas", concluye la Policía en otros escrito en el que analiza estas gestiones.