Un juez investiga a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a la teniente de alcalde Janet Sanz, a raíz de una querella del exarquitecto jefe de Barcelona Josep Antoni Acebillo por delito urbanístico y malversación en la aprobación de los proyectos de los nuevos ejes verdes de la 'Superilla' del Eixample.

Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, el juez ha admitido a trámite la querella que el pasado 3 de marzo, a pocos meses de las elecciones municipales, interpusieron contra Ada Colau y Janet Sanz los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas, junto con Acebillo, que fue uno de los artífices del urbanismo de la época olímpica con Pasqual Maragall.

Los tres impulsores de la querella, que ahora ha sido admitido a trámite, ya denunciaron el pasado año ante la Fiscalía, junto a la plataforma Salvem Barcelona, el mismo proyecto, si bien el ministerio público lo archivó en febrero pasado al no ver delito.

La querella sostiene que, con esta reurbanización en el marco de la 'Superilla' del Eixample -una de las propuestas estrella del equipo de la alcaldesa Ada Colau para pacificar el tráfico en Barcelona-, "se están transformando sustancialmente, por no decir eliminando, unas vías públicas esenciales de la ciudad", por lo que es necesaria una modificación previa del Plan General Metropolitano (PGM).

Fuentes municipales consultadas por EFE han remarcado que la querella es idéntica a la denuncia que ya archivó la Fiscalía y han apuntado que sus promotores han intentado ahora paralizar el proyecto a través de la vía judicial.

Según las fuentes, el Ayuntamiento liderado por Colau aportará al juez toda la documentación que ya sirvió para que la Fiscalía archivara la denuncia, por lo que tienen el convencimiento de que se volverá a dar carpetazo al asunto.

En este sentido, desde el consistorio de Barcelona se subraya que la Generalitat, que es la máxima autoridad en urbanismo, ya hizo un dictamen que avaló el procedimiento del Ayuntamiento, confirmando que no era necesario modificar el planeamiento urbanístico.

En la querella se sostiene por contra que existe una infracción normativa "manifiesta" de la ley del suelo "que puede tener efectos devastadores", tanto para particulares, como comercios en general e, incluso, generar "problemas de accesibilidad a los propios domicilios de servicios básicos" y que también afecta al erario. EFE

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